El paso devastador del huracán Mitch en Centroamérica
No. 1 - Suplemento de Desastres: Preparativos y Mitigación en
las Américas el boletín trimestral de la OPS/OMS - Enero 1999
Ya no habrá otro huracán llamado Mitch,
y esa no es una buena noticia. Solo los nombres de los huracanes más
devastadores no se vuelven a usar. El 24 de octubre de 1998 la tormenta tropical
Mitch se convirtió en huracán, y durante más de 48 horas azotó las costas
caribeñas de América Central, con vientos de hasta 295 kilómetros por hora.
Aproximadamente 48 horas después, nuevamente convertido en tormenta tropical,
provocó severas y persistentes lluvias que afectaron toda la región, pero en
forma más intensa a Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. El balance
final arroja cifras alarmantes de hasta 25.000 personas fallecidas o
desaparecidas, y cientos de miles de damnificados a causa de la destrucción
ocasionada por las inundaciones. Las pérdidas económicas a causa de este
fenómeno son inestimables, ya que se presentaron daños en todas las actividades
productivas de los países afectados. El siguiente es un resumen de los efectos
de este desastre natural en los países centroamericanos. - Fotografía OPS/OMS C.
Osorio
Honduras
El Huracán Mitch se presentó en el noreste de Honduras el 26 de
octubre, recorrió la costa norteña del Caribe de este país con vientos
destructivos de aproximadamente 250 kilómetros por hora y provocó lluvias
torrenciales durante 4 días, debido al lento desplazamiento del fenómeno (de 3 a
9 kilómetros por hora).
El 30 de octubre, después de haber afectado a su paso las Islas de
la Bahía, Mitch se dirigió súbitamente al sur y penetró el territorio hondureño,
transformándose en tormenta tropical. Produjo lluvias torrenciales durante 5
días consecutivos, que causaron el desbordamiento masivo de los ríos y severas
inundaciones en los 18 departamentos del país. Toda la costa caribeña fue
afectada, especialmente la ciudad capital, Tegucigalpa, y la zona sur.
Se estima que hubo casi un millón y medio de damnificados, más de
6.000 muertos, 8.000 desaparecidos y 12.000 heridos. Más de 285.000 personas
perdieron sus viviendas y tuvieron que refugiarse en 1.375 albergues temporales.
Se calcula que sólo los daños en Tegucigalpa alcanzaron la cifra
de US$250 millones. Un 60% de la infraestructura vial del país sufrió severos
daños, y se produjeron pérdidas en más de un 70% de las cosechas de café, banano
y piña. Un 80% de los acueductos del país resultaron dañados, al igual que casi
100.000 letrinas y los sistemas de alcantarillado de Tegucigalpa. 25% de todas
las escuelas del país fueron dañadas. El total de pérdidas se calcula en más de
US$5.000 millones.
Veintitrés de los treinta hospitales del país sufrieron daños
parciales o totales en su sistema de distribución de agua. Ciento veintitrés
centros de salud resultaron seriamente dañados, 68 de ellos fuera de operación
en el momento en que más de 100.000 personas requerían atención médica por causa
de diarreas, infecciones respiratorias agudas, dermatitis, conjuntivitis y otras
patologías.
A nivel nacional, se creó un Comité Nacional de Emergencia del más
alto nivel durante la emergencia, y posteriormente se creó el llamado Gabinete
de Reconstrucción, integrado por ministros y altos funcionarios del gobierno,
con el propósito de conducir la fase de transición y dar seguimiento a la
implementación de los proyectos de reconstrucción. La cooperación internacional
respondió rápidamente a la solicitud oficial de ayuda. El Sistema de Naciones
Unidas, los países amigos y los organismos bilaterales y no gubernamentales
movilizaron ayuda humanitaria en forma de recursos humanos, logísticos y
económicos.
Las medidas previas de preparativos para desastres y la
instalación de un Centro de Operaciones para coordinar las actividades
facilitaron una buena respuesta del sector salud. En muchos casos, fue necesario
improvisar la atención médica en iglesias, colegios, carpas y otros sitios
mediante la movilización de brigadas. Durante la emergencia la Secretaría de
Salud agotó sus existencias de medicamentos para el tratamiento de enfermedades
infecciosas. Se movilizaron importantes cantidades de recursos para el control
de la calidad del agua para consumo humano y se difundieron medidas de
prevención para evitar la contaminación del agua a través de los medios de
comunicación, folletos y charlas.
La formación de miles de charcos de agua después de las
inundaciones, y la elevada temperatura, provocaron una masiva reproducción de
insectos vectores de enfermedades como malaria y dengue. Para controlar la
situación, se movilizó personal para la evaluación entomológica, se adquirieron
insecticidas y equipos de fumigación y se entrenó al personal de salud sobre
manejo seguro de insecticidas y uso y manejo de equipo de nebulización.
La cobertura de reporte epidemiológico oportuno se redujo del
tradicional 70% a menos de 30% después del huracán por el corte de las vías de
comunicación, el aislamiento y la escasa disponibilidad de epidemiólogos de
campo. Para responder a esta crisis, se estableció un formulario específico para
ser utilizado en los albergues al nivel nacional. Después de las primeras seis
semanas, se apreció una disminución en el número de casos de enfermedades de
notificación obligatoria en los albergues, a la vez que fue disminuyendo el
número de personas albergadas.
La evaluación de los efectos del huracán en el sector salud debe
ponerse en el contexto del estado de la salud en el país antes del desastre.
Honduras presentaba indicadores de salud muy bajos, por lo que el gobierno se
había embarcado en un proceso de reforma sectorial importante. El proceso de
implementación de "La Nueva Agenda en Salud" no escapó a los efectos
del huracán, y ha sido pospuesto para un futuro mediato o a más largo plazo,
cuando las condiciones de riesgo inmediato para la salud de la población y los
establecimientos de salud se hayan recuperado.
El huracán Mitch recibió amplia
cobertura en Internet
Nicaragua
Entre los efectos más dramáticos del paso de Mitch por Nicaragua,
hay que destacar el colapso de la ladera sur del Volcán Casitas, ubicado al
noreste de Managua, cuyas enormes cascadas de lodo y rocas cubrieron 5
poblaciones y provocaron miles de muertes. El Lago Managua subió de nivel e
inundó sectores de Managua, la ciudad capital, y la cercana población de
Tipitapa, destruyendo los asentamientos de viviendas a lo largo de sus laderas y
forzando la evacuación de más de 2.000 personas.
Los daños estimados por el Banco Central de Nicaragua alcanzaban
los US$1.500 millones, a causa de pérdidas en los rubros de vivienda (17%
afectadas del total en el país), vías de comunicación, generación y distribución
de electricidad, sistemas de abastecimiento de agua potable, infraestructura de
salud (entre ellos, un hospital, 90 centros de salud y más de 400 puestos de
salud con algún grado de afectación) y educación, entre otros. Esta cifra no
incluía todavía el cálculo de las pérdidas en el sector agrícola ni el impacto
ambiental.
Se calculó inicialmente que el número de damnificados era del
orden de 870.000 y una cifra preliminar de 2.400 muertos. Los departamentos más
afectados fueron Chinandega, León, Matagalpa y Jinotega. Sesenta poblaciones
quedaron completamente aisladas, veintiuna sin agua potable, quince sin energía
eléctrica y cincuenta y seis sin comunicaciones. Aproximadamente 33.000 personas
tuvieron que ser evacuadas temporalmente.
En el sector salud, se perdió una parte importante de la cobertura
de la atención primaria por destrucción y daños en los centros y puestos de
salud. Se presentó un incremento de enfermedades respiratorias agudas, diarrea,
e indicios de incrementos en casos reportados de dengue y malaria. El
hacinamiento en los albergues provocó inicialmente problemas de higiene.
El Ministerio de Salud hizo frente a la emergencia desplazando
recursos humanos, medicamentos y suministros a las zonas más afectadas, primero
con sus propias existencias, y luego con el apoyo de la comunidad internacional.
Se desarrollaron mecanismos ágiles para vigilancia epidemiológica en albergues y
poblaciones, paralelamente con campañas masivas de educación a la población
sobre potabilización del agua para consumo humano, el manejo y preparación de
alimentos y medidas de higiene y saneamiento básico.
El proceso de reforma del sector salud, que estaba implementando
el gobierno antes de la emergencia para responder a la necesidad creciente de
organización y planificación en la prestación de servicios de salud, deberá
continuar en forma simultánea con el proceso de reconstrucción, de modo que el
país pueda mejorar sus índices de salud y dar respuesta a las necesidades de la
población, especialmente en áreas rurales.
Figure
El Salvador
Comparados con los efectos en los vecinos Honduras y Nicaragua, el
huracán Mitch provocó daños relativamente moderados en El Salvador. El impacto
se localizó en las áreas rurales, especialmente en las planicies costeras.
Se presentaron 240 muertos, 20 desaparecidos y casi 85.000
damnificados en cinco departamentos del país. La cifra total de pérdidas alcanzó
los US$261 millones (según cálculo de CEPAL), principalmente en los rubros de
agricultura, agua y saneamiento, vivienda e infraestructura social.
El COEN (Comité de Emergencias Nacionales) logró una eficiente
coordinación entre organismos gubernamentales y no gubernamentales, organismos
internacionales, instituciones de respuesta como la Cruz Roja y el Cuerpo de
Bomberos, Comandos de Salvamento, Cruz Verde, etc.
En el área de salud y ambiente, los mayores daños se produjeron
sobre los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, por
destrucción de los sistemas de almacenamiento, inundación de pozos y
contaminación por desbordamiento de letrinas, pozos sépticos y sistemas de
alcantarillado.
Debido al riesgo por enfermedades prevalecientes en el país o
provenientes de los países vecinos, especialmente cólera y otras de transmisión
hídrica, leptospirosis, dengue y malaria, el Ministerio de Salud prestó gran
atención a la vigilancia epidemiológica, educación sanitaria, control de
vectores y control de residuos en las zonas afectadas. Los daños a la
infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud fueron
moderados, aunque se estima que los costos indirectos por medicamentos, insumos
médicos, control de vectores, monitoreo de la calidad del agua y logística de la
atención en salud son considerables.
En total, se estima que 16 unidades de salud resultaron afectadas,
155 sistemas de agua, 14 sistemas de alcantarillado, y más de 7.000 pozos y
9.000 letrinas dañados.
La tormenta tropical afectó las zonas costeras, donde la cobertura
de abastecimiento de agua es del 25% y la principal fuente son los pozos
excavados. Al igual que en los otros países, el estancamiento de aguas por las
inundaciones favoreció el incremento de mosquitos transmisores del dengue y la
malaria.
El gobierno de El Salvador ha definido una agenda para la atención
de la emergencia y la reconstrucción en tres fases: una fase inmediata de
noviembre de 1998 a junio de 1999, una fase mediata durante 1999 y 2000, y una
fase a largo plazo de 2000 a 2025. Para cada fase, ha estimado los proyectos de
intervención, sus costos y fuentes de financiamiento.
Guatemala
En el caso de Guatemala, Mitch se desplazó a velocidades menores.
Esto, aunado a un programa nacional de prevención de desastres que facilitó la
alerta y evacuación de la población en riesgo, permitió que los daños fueran
menos severos que en los otros países de la región.
La Comisión Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED)
estimó que fueron evacuadas más de 100.000 personas, y que se presentaron 268
fallecimientos y 110.000 damnificados por causa del huracán. Las vías de
comunicación sufrieron daños severos, pero en la mayoría de los casos se
abrieron rutas provisionales para restablecer la comunicación por superficie a
la mayoría de los poblados y aldeas del país.
El gobierno declaró el estado de emergencia nacional para
solicitar ayuda a los organismos internacionales y donantes, que fue canalizada
a través de CONRED y distribuida a los damnificados, y para implementar acciones
para el proceso de rehabilitación y reconstrucción.
La red de servicios de salud reportó, en términos generales, pocos
daños. Un total de 50 centros y puestos de salud deberán ser rehabilitados en lo
referente a infraestructura, abastecimiento de agua, sistemas de energía
eléctrica y combate de plagas. Dos centros sufrieron daños considerables en su
infraestructura. Se calcula que al menos 396 comunidades perdieron o sufrieron
daños en sus acueductos, y se estima la destrucción de al menos 20.000 letrinas.
El gobierno preparó un plan para responder a la emergencia en el
abastecimiento de agua, al tratamiento de agua para consumo humano, y para el
control del cólera y de la leptospirosis. Se calcula que se requirieron más de
US$200.000 para los programas de vigilancia de la calidad del agua, y permanece
la necesidad de disponer de US$3.85 millones para la rehabilitación y
reconstrucción de los acueductos dañados. De igual forma, se trabajó en la
promoción de medidas para mejorar y controlar la manipulación de alimentos.
En cuanto a la vigilancia epidemiológica, se consideró por parte
de las autoridades de salud que 12 de los departamentos del país estuvieron en
riesgo crítico de exposición a enfermedades diarréicas. A cada uno de ellos se
envió una brigada de apoyo técnico integrada por epidemiólogos, técnicos en
saneamiento, especialistas en control de vectores, y otros especialistas. Se
presentaron incrementos significativos en los casos reportados de cólera,
malaria y dengue clásico.
SUMA se instaló con el apoyo total de la máxima autoridad nacional
de manejo de emergencias, COPECO, y del Ministerio de Salud. Rápidamente se
instalaron varias "bodegas" y "unidades de campo" en los
aeropuertos principales para registrar toda la información de los suministros
que llegaban. Fue el único país en el que Unidades de Campo se instalaron en un
puerto marítimo, Puerto Cortez, en el Atlántico. Las bodegas instaladas
continuaban funcionando a principios de marzo de 1999, con dos administradores
principales: COPECO y el Ministerio de Salud; otras estaban también manejadas
por organizaciones no gubernamentales, como la Cruz Roja, Fundación María,
Cáritas de Honduras, y organizaciones privadas como el Fondo Cafetero.
Uno de los principales problemas encontrados fue la participación
de algunas instituciones que nunca habían estado involucradas en las actividades
de preparativos, y que precisaron, en medio de la emergencia, realizar cursos
cortos de capacitación en manejo de suministros y administración de desastres.
A pesar de todos los problemas económicos y de organización, las
autoridades hondureñas tuvieron total voluntad e interés en la transparencia y
claridad de la distribución eficiente de los suministros a la población
afectada, y lo lograron en gran medida.
Las actividades para implementar SUMA empezaron tarde. La Defensa
Civil Nacional no decidió utilizar la herramienta de manejo de suministros hasta
el día 18 de noviembre, cuando ya había ingresado una importante cantidad de
ayuda del exterior. La Secretaría Ejecutiva del Comité Nacional de Emergencia
giró instrucciones a un número importante de dependencias del gobierno para que
instalaran SUMA. Se logró instalar un puesto de registro (Unidad de Campo) en el
aeropuerto internacional, el nivel Central en la Defensa Civil (quien consolida
toda la información) y bodegas en el Ministerio de Salud, Cruz Roja y otras
organizaciones no gubernamentales. Una hecho interesante en Nicaragua fue el
interés que tuvieron y tienen varias ONG e instituciones de nivel local. Se
asignó personal que recorriera las zonas más afectadas para reforzar los
sistemas de manejo de suministros de estas entidades de nivel local, lográndose
con excelentes resultados.
La instalación y uso de SUMA tuvo un excelente apoyo de la
Presidencia y el Consejo de Ministros, e incluso fue catalogado como la norma
para la administración de suministros. La entidad nacional encargada, el Comité
de Emergencias Nacionales (COEN), ha prestado todo su apoyo a la utilización de
SUMA en diversas experiencias anteriores. Se instalaron Unidades de Campo en el
aeropuerto internacional y varias bodegas, incluido el Ministerio de Salud.
La Comisión Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) tiene
la responsabilidad de la administración de los suministros a los afectados,
desde el almacenamiento a su distribución. En colaboración con otros
Ministerios, especialmente el Ministerio de Salud y Bienestar Social, los puntos
de coordinación de SUMA (SUMA Central) se instalaron en CONRED y en otras
bodegas. En el Ministerio de Salud se instaló un modulo para el manejo de
medicamentos. La falta de recursos humanos suficientes en las bodegas de
medicamentos se logro atenuar con la cooperación de estudiantes de Farmacia, que
contribuyeron al éxito de la operación.
