 |  |  | Huracán Mitch - Una Mirada a Algunas Tendencias Temáticas para la Reducción del Riesgo (Pan American Health Organization (PAHO) / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2000, 254 p.) |  |  | Después del Mitch: Temas y actores en la agenda de transformación de Centroamérica | |  | (introduction...) | | | 1. De la reconstrucción a la transformación: El camino hacia Estocolmo | | | 2. Los temas socio-ambientales | | | 3. Los temas de la gobernabilidad | | | 4. Los temas económicos | | | 5. La Dimensión Regional | | | 6. Los actores frente a la transformación | | | Notas | | | Bibliografía |
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Huracán Mitch - Una Mirada a Algunas Tendencias Temáticas para la Reducción del Riesgo (Pan American Health Organization (PAHO) / Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2000, 254 p.)
Después del Mitch: Temas y actores en la agenda de transformación de Centroamérica
Susan Kandel y Herman Rosa,
con la colaboración de
Ileana Gómez y Nidia Umaña.
Artículo publicado en PRISMA Boletín 36,
Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio
Ambiente
(Reproducido con autorización de los autores)
Figure
Los devastadores efectos del huracán Mitch de octubre de 1998
evidenciaron las grandes vulnerabilidades de la región centroamericana. El
debate y el conjunto de planteamientos y propuestas que sucedieron a este
fenómeno dejaron claro que esas vulnerabilidades no se podían resolver con
tradicionales programas de reconstrucción. Se articuló así rápidamente un
consenso sobre la necesidad de avanzar en un conjunto de temas sustantivos
referidos a la transformación integral de Centroamérica. Esos temas son
perfectamente identificables y responden a los distintos tipos de
vulnerabilidad: socio-ambiental, económica, o los relacionados con la
gobernabilidad.
En el caso de la cooperación externa resalta su énfasis
actual en los temas relacionados con la vulnerabilidad social y ecológica, la
transparencia, participación y desarrollo local. Los gobiernos centroamericanos,
enfatizan más bien los temas de reconstrucción de infraestructura, así como
tratamientos má favorables en materia de migración, deuda externa, comercio e
inversión. La sociedad civil, comparte con algunos gobiernos centroamericanos la
preocupación por la reducción de la deuda externa, y los temas sustantivos que
enfatiza la cooperación externa, pero enfatiza los temas de participación,
transparencia, y la transformación enfocada en la problemática del agro y las
zonas
rurales.
1. De la reconstrucción a la transformación: El camino hacia Estocolmo
Después del huracán Mitch se dieron una serie de reuniones
oficiales para definir respuestas a la situación de Centroamérica. Una de las
primeras, fue la reunión extraordinaria de presidentes centroamericanos
realizada el 9 de noviembre.
En su declaración, los presidentes expresaron, entonces, la
necesidad de “un apoyo multinacional de gran envergadura que trascienda la
etapa de emergencia”. (Presidentes Centroamericanos, 1998). En tal sentido,
se solicitó al Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), y Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) para que apoyaran la elaboración de un Plan de
Rehabilitación y Reconstrucción de Centroamérica. Propusieron asimismo, que
en dicho plan trabajara el Programa de Competitividad y Desarrollo Sostenible
del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), con la
participación del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
Para captar los recursos necesarios para ejecutar dicho plan,
los presidentes centroamericanos pidieron que se convocara a un Grupo
Consultivo Regional de Emergencia.1 Asimismo, solicitaron a la
comunidad internacional una amnistía general a los inmigrantes indocumentados y
un tratamiento más favorable en materia de comercio, a través de una ampliación
de los beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, para equipararla con
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) y la eliminación de
las tarifas y aranceles para las exportaciones centroamericanas por parte de la
Unión Europea. Adicionalmente, los presidentes apoyaron la condonación de la
deuda externa de Honduras y Nicaragua (Ibid.).
La respuesta de la comunidad internacional a esta solicitud fue
inusualmente rápida. El BID asumió la coordinación de la reunión del Grupo
Consultivo que se celebró en Washington el 10 y 11 de diciembre de 1998, apenas
un mes después de la reunión de noviembre de los presidentes centroamericanos.
Con anterioridad a la reunión de Washington, el presidente del BID - Enrique
Iglesias - realizó a finales de noviembre una visita de cuatro días a El
Salvador, Nicaragua y Honduras. Todavía entonces el BID se refería a la reunión
de Washington como una reunión del Grupo Consultivo para la Reconstrucción de
América Central (BID, Comunicado de Prensa CP-290/98). Sin embargo, como un
indicador de que se fortalecía la idea de que había que trascender un simple
enfoque de reconstrucción, la reunión de diciembre se bautizó oficialmente como
la primera reunión del Grupo Consultivo para la Reconstrucción y
transformación de América Central.2
Los presidentes centroamericanos, además de la solicitud de
asistencia financiera, reiteraron los temas de su reunión de noviembre:
comercio, migración, y alivio de la deuda e comercio, migración, y alivio de la
deuda e comercio, migración, y alivio de la deuda e comercio, migración, y
alivio de la deuda e comercio, migración, y alivio de la deuda externa para
Honduras y Nicaragua (BID, CP-317/98). Por su parte, de acuerdo al comunicado de
prensa del BID, los donantes “alentaron a darle una altísima prioridad a la
transparencia y a la rendición de cuentas rendición de cuentas rendición de
cuentas rendición de cuentas rendición de cuentas en el manejo de los fondos,
tanto para los recursos de la asistencia externa como para los nacionales”.
En un velado rechazo a las propuestas llevadas por los gobiernos a la reunión de
Washington EE.UU, también establecieron que la tarea prioritaria de los
gobiernos era “diseñar planes integrales de reconstrucción y
transformación” y garantizar la incorporación de “la participación de
la sociedad civil, participación de la sociedad civil, participación de la
sociedad civil, participación de la sociedad civil, participación de la sociedad
civil, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado en el
planeamiento y la ejecución de los programas de reconstrucción” que los
gobiernos debían presentar en Estocolmo (Ibid., las negritas son nuestras).
Si bien en la reunión de Washington, el tema que fue levantado
con más fuerza por los donantes fue el relativo a la transparencia, también se
tocaron aspectos relacionados con la vulnerabilidad social y ambiental
vulnerabilidad social y ambiental vulnerabilidad social y ambiental
vulnerabilidad social y ambiental vulnerabilidad social y ambiental. De acuerdo
al BID, los donantes destacaron que “los daños fueron exacerbados por la
gran deforestación, el cultivo de tierras marginales y la falta de una
administración adecuada de las cuencas hídricas, así como el hecho de que
quienes más sufrieron fueron los pobres que habitaban zonas de alto riesgo, y
que son más proclives a emigrar. Expresaron esperanzas de que cuando concluya el
proceso de reconstrucción, haya más igualdad y menos vulnerabilidad
ambiental” (Ibid.).
Sobre el tema ambiental, el BID organizó a principios de marzo
de 1999 en San Salvador, El Salvador el taller regional “Gestión Ambiental
y Disminución de Vulnerabilidad a Desastres”. En su discurso inaugural,
Miguel Martínez del BID, afirmó que Centroamérica se encuentra “sentada en
una bomba de tiempo por la falta de medidas que aseguraran la sostenibilidad del
medio ambiente”. Retomando el tema de la transformación agregaba que los
planes de reconstrucción y transformación, más que una simple recopilación de
inversiones, “deberían estar basados - en las grandes modificaciones que
tendrían que tener lugar en la sociedad y la infraestructura económica de los
países centroamericanos para poder acometer estos desafíos” (BID y SICA,
1999).
En el primer trimestre de 1999 también tuvo lugar la visita del
presidente de EE.UU, Bill Clinton a Centroamérica. Los presidentes
centroamericanos otorgaron una gran importancia a esta visita, al punto que
celebraron una nueva reunión extraordinaria en Tegucigalpa, Honduras el 4 de
febrero de 1999, en la que definieron la estrategia regional ante la visita y se
distribuyeron los temas de la agenda de trabajo. El tema de Reconstrucción y
transformación de la región sería expuesto por el presidente de Honduras; el de
Deuda externa y financiamiento por Nicaragua; Comercio por Costa Rica; Inversión
por República Dominicana; Migración por El Salvador; Medio Ambiente por
Guatemala; y Delitos transnacionales por Estados Unidos. Sobre el último punto,
relacionado con el narcotráfico, narcotráfico, narcotráfico, narcotráfico,
narcotráfico, se planteó que también era de interés para la región y que
Centroamérica igualmente debía expresar sus puntos de vista. (Presidentes de
Centroamérica, República Dominicana y Belice, 1999).
La reunión entre el presidente Clinton y los presidentes de
Centroamérica, República Dominicana y Belice se realizó en Antigua Guatemala, el
11 de marzo de 1999. La declaración firmada por todos los mandatarios tocó los
temas previamente identificados. Algunos compromisos específicos asumidos por
parte de Clinton se refieren a la ampliación por parte del Congreso de la
Iniciativa de la Cuenca del Caribe y, en materia de migración, la atención de
las disparidades en la ley NACARA. Los presidentes centroamericanos, por su
parte, se comprometieron a mejorar la cooperación en la lucha contra el
narcotráfico y el crimen organizado (Declaración de Antigua, 19 de marzo de
1999).
De cara a la reunión de Estocolmo, el gobierno sueco, como país
anfitrión, y el BID, como organizador de la actividad en Suecia, entablaron una
importante negociación para definir lo que se dio en llamar “Los Principios
para la Reunión del Grupo Consultivo de Estocolmo”. A finales de febrero de
1999, gracias al interés del ministro de Cooperación Internacional al Desarrollo
de Suecia, Pierre Schori, y el apoyo del presidente del BID, Enrique Iglesias,
se logró llegar a un acuerdo sobre dichos principios y se definieron como
objetivos principales de la reunión de Estocolmo:
· Insistir en la
necesidad de que los planes nacionales reflejasen el compromiso de los gobiernos
centroamericanos por la transformación de sus respectivas sociedades hacia una
mayor transparencia, rendición de cuentas, justicia social y una menor
vulnerabilidad ecológica.
· Contribuir al proceso de
consenso entre gobiernos y sociedad civil en sus roles complementarios en la
implementación de los planes nacionales.
· Lograr una mayor conciencia de
las iniciativas regionales para fortalecer los esfuerzos nacionales de
reconstrucción y transformación; y
· Reafirmación por parte de los
donantes hacia un apoyo de largo plazo.
Los principios acordados establecían también que una de las
características principales del proceso preparatorio tendría que ser la
elaboración de planes nacionales sobre la base de una amplia y activa
participación, de modo que se lograran planes de buena calidad técnica y con un
alto grado de legitimidad política y social, a fin de asegurar su viabilidad y
continuidad.
Además, como parte de los principios acordados se identificaron
tres grandes temas estratégicos y transversales que debían atenderse para el
logro de la transformación de Centroamérica: Vulnerabilidad social y ecológica;
Descentralización y Gobierno local; y Transparencia y rendición de cuentas para
una democracia sostenible. Sobre estos tres temas, se acordó desarrollar
sesiones especiales como parte de la reunión oficial del grupo consultivo de
Estocolmo. Finalmente, otro elemento importante acordado entre el BID y el
Gobierno Sueco tenía que ver con la necesidad de definir el mecanismo de
seguimiento, los temas en los que se debería enfocar y los actores que se
comprometerían en esta tarea.
Todos estos antecedentes, que sentaban precedente en muchos
aspectos, le dieron a la reunión de Estocolmo y a los procesos preparatorios
previos, una mayor relevancia de lo que es usual en las reuniones de grupos
consultivos. En Estocolmo, más allá de los compromisos financieros, los donantes
reiteraron los principios arriba mencionados con énfasis en la
descentralización, la participación de la sociedad civil, la transparencia y la
reducción de la vulnerabilidad social y ambiental.
Asimismo, la Declaración de Estocolmo, plantea que la reducción
de la vulnerabilidad social y ecológica es el objetivo principal y reafirma los
otros principios mencionados. Por otra parte, Alemania, Canadá, España, Estados
Unidos y Suecia, acordaron comenzar un proceso de consulta para establecer o
reforzar en cada país un mecanismo de seguimiento que incluyese a la sociedad
civil.
En este recorrido del proceso hacia Estocolmo fueron surgiendo
una serie de temas que en conjunto conforman una importante agenda para la
transformación de Centroamérica. Estos temas pueden ser clasificados por el tipo
de vulnerabilidad que representan, ya sea socio-ambiental, relacionada con la
gobernabilidad o económica (Ver Diagrama 1).
Naturalmente, la importancia otorgada a cada tema de la agenda
de transformación, así como el enfoque varía sustancialmente entre los
diferentes actores, según sus intereses y preocupaciones particulares. Los temas
de la gobernabilidad, y en particular lo que atañe a la transparencia y la
rendición de cuentas, son importantes para la mayoría de donantes.
Para los gobiernos centroamericanos, particularmente de cara a
los Estados Unidos, los temas de comercio y migración son fundamentales. Para
las comunidades locales, las asociaciones gremiales, las ONGs y otras
representantes de la sociedad civil, los temas socio-ambientales son vitales.
Además, comparten la preocupación sobre la participación y la transparencia. En
lo que sigue se hace una revisión de este conjunto de temas y las perspectivas
identificadas entre los diferentes actores.
Diagrama 1. Tipos de vulnerabilidad y temas de la agenda de
transformación
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SOCIO-AMBIENTAL |
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· Educación y salud |
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· Seguridad alimentaria |
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· Equidad |
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· Ordenamiento Territorial |
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· Manejo de cuencas |
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· Revegetación y transformación
del agro |
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GOBERNABILIDAD |
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· Transparencia y rendición de
cuentas |
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· Concertación y participación
ciudadana |
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· Descentralización y desarrollo
local |
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· Migración y Narcotráfico |
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ECONÓMICO |
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· Reconstrucción |
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· Comercio |
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· Inversión |
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· Deuda externa |
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· Transformación productiva
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2. Los temas socio-ambientales
Se reconoce unánimemente que los efectos del huracán Mitch se
vieron agravados debido a los altos niveles de vulnerabilidad socio-ambiental
que existían en la región. No obstante los enfoques varían. La sociedad civil es
la que plantea más claramente el nexo entre la vulnerabilidad social y la
vulnerabilidad ambiental. Los temas que se desprenden de esa vinculación
incluyen los servicios sociales, la seguridad alimentaria y la equidad. La
intervenciones propuestas se refieren al ordenamiento territorial, el manejo de
cuencas hidrográficas (incluyendo cuencas transfronterizas), y la reactivación y
transformación del agro.
· Educación y Salud
En el área de educación y salud, los gobiernos enfatizan la
reconstrucción de la infraestructura, mientras que el enfoque de las
organizaciones de la sociedad civil comprende una visión de reactivación que
abarca el mejoramiento de los sistemas existentes de educación y salud. Por
ejemplo, el Foro de la Sociedad Civil por la Reconstrucción y el Desarrollo de
El Salvador propone ampliar la cobertura y la calidad de los servicios básicos
como salud, educación, agua y vivienda (Foro de la Sociedad Civil por la
Reconstrucción y el Desarrollo de El Salvador, 16 de marzo de 1999).
La Coordinadora Civil de Nicaragua plantea que “mientras
medidas físicas son importantes - la reducción de la vulnerabilidad - es
indispensable. En la base de la vulnerabilidad de las personas están las
relaciones de poder, acceso y control de recursos y oportunidades
desiguales” (Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción de
Nicaragua, 1999). Exige al gobierno y a la cooperación internacional que
orienten los recursos a la formación del capital humano. De allí se desprende,
en el área de educación, la necesidad de “destinar una inversión que no
sólo permita la reconstrucción, sino la ampliación de la cobertura y calidad de
los servicios, así como la disminución de los fenómenos de deserción y
repitencia;... Revisar los planes educativos de los distintos niveles de manera
participativa” (Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción
de Nicaragua, 1998).
· Seguridad Alimentaria
El tema de seguridad alimentaria es complejo porque exiten
diferentes interpretaciones respecto de su significado. Algunos sectores les
interesa en particular que las donaciones alimentarias no se conviertan en un
desincentivo para la producción local, que dañe la seguridad alimentaria a largo
plazo.3
Los gobiernos centroamericanos se enfocaron en la seguridad
alimentaria en el corto plazo en un intento para asegurar que las personas
afectadas del huracán Mitch contaran con alimentos básicos. Sin embargo, en
algunas instancias, la distribución inmediata enfrentó deficiencias. En muchos
casos los problemas surgieron por obstáculos reales causados por daños a la
infraestructura, pero también hubo de tipo político. Por ejemplo, en Nicaragua
no había voluntad del Gobierno de trabajar con las alcaldías sandinistas y en El
Salvador, hubo denuncias de que se aprovechó el reparto para hacer proselitismo
de cara a las elecciones presidenciales de marzo de 1999.
Los organismos internacionales en general no han levantado el
tema de la seguridad alimentaria. En ausencia de una nueva postura, las
políticas impulsadas por ellos durante los años ochenta (bajar aranceles,
promover el libre comercio) continúan en vigencia. Actualmente, el
reconocimiento por parte de los organismos multi y bilaterales de que existe una
crisis en el sector agropecuario, no ha logrado convertirse en un
cuestionamiento de las políticas impulsadas por ellos en la década anterior.
Los gremios agropecuarios, por su parte, entienden la seguridad
alimentaria como equivalente a la capacidad de producir suficientes alimentos
dentro del país, para cubrir el consumo interno. Por ello plantean la necesidad
de formular una estrategia que enfrente la crisis del sector agropecuario. Otros
argumentan que como los pequeños agricultores son los principales productores de
granos básicos en la región, la seguridad alimentaria debe asegurar medios de
vida sostenible para los pequeños productores en el largo plazo. En la misma
línea, algunas ONGs internacionales plantean que una política de seguridad
alimentaria durable y coherente puede ayudar a las comunidades más pobres a
lograr un alto grado de desarrollo autónomo y de preparación frente a desastres
naturales. Las intervenciones relativas a la seguridad alimentaria deberían ser
amplias y de largo alcance (VOICE, 1999).
OXFAM América, como su aporte principal post-Mitch, impulsó una
interesante discusión y esfuerzo alrededor del tema de seguridad alimentaria, el
cual, según Barraclough y Moss (1999), debe incorporar los siguientes
componentes claves:
· Suficiencia
alimentaria como capacidad de producir, almacenar, importar o adquirir
suficientes alimentos, por cualquier otra vía, para todos los miembros de un
sistema alimenticio.
· Autonomía máxima y
autodeterminación, sin que implique autarquía, para reducir la vulnerabilidad
provocada por las fluctuaciones del mercado y otras presiones políticas y
socioeconómicas.
· Confiabilidad en el acceso a
alimentación, de manera que sean mínimas las variaciones estacionales, cíclicas
o de cualquier otro tipo.
· Equidad, para asegurar el
acceso a alimentación adecuada para todas las personas y grupos.
· Sostenibilidad social y
económica de forma que los sistemas ecológicos de los cuales las sociedades
dependen sean protegidos y mejorados en el tiempo.
· Equidad
Los esfuerzos hacia la equidad se orientan a la inclusión de
sectores tradicionalmente excluidos y ubicados en posiciones de desventaja
respecto del resto de la sociedad, como es el caso de las mujeres, niños,
ancianos, discapacitados, indígenas y negros. Sin embargo, aún hace falta que
dichos esfuerzos se traduzcan en la institucionalización de mecanismos de
participación ciudadana y contraloría social.
Actualmente, se reconoce ampliamente que los más afectados por
el huracán Mitch fueron los sectores más pobres, debido a su previa condición de
vulnerabilidad socioeconómica, ambiental y política. Generalmente esos sectores
se ubican en zonas marginales y de mayor riesgo. Además, si bien sus pérdidas
son bajas en términos absolutos por su misma condición de pobreza, las pérdidas
relativas son elevadas en función del impacto sobre sus condiciones de vida. Es
por ello que las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil tienden a
priorizar estos sectores.
Si bien existen esfuerzos para desagregar quiénes son los grupos
pobres a partir de las diferencias de ingreso, zona de residencia, género, etnia
y edad, es en lo relativo a las diferencias de género donde fue relativamente
más fácil reconocer su importancia y contar con la capacidad acumulada y el
respaldo necesario para articular diferentes propuestas e iniciativas en corto
tiempo.4 Esto se explica porque las exigencias de los organismos
internacionales de cooperación para incorporar consideraciones de género en
proyectos de desarrollo fueron formuladas desde hace tiempo. Además, se contaba
ya con experiencias previas en las que estas exigencias favorecieron el
reconocimiento de los vacíos limitaciones de género que hubo en los procesos de
reconstrucción y reinserción impulsados una vez finalizados los conflictos
político-militares en la región.
Las exigencias de los organismos
internacionales de cooperación para incorporar consideraciones de género en
proyectos de desarrollo fueron formuladas desde hace tiempo.
Por ejemplo, BID no sólo auspició y financió el taller regional
Huracán Mitch: efectos sobre las mujeres y su participación en la reconstrucción
y transformación de Centroamérica , sino que considera que la participación de
las mujeres es crítica en dos nuevas cooperaciones técnicas
regionales,5 se ha propuesto reorientar iniciativas previas
destinadas al fortalecimiento de las oportunidades económicas de las mujeres
rurales6 y del liderazgo de las mujeres,7 y espera aprobar
en 1999 algunos proyectos con oportunidades de género para Honduras, Nicaragua y
Guatemala (BID, 1999).
Desde los organismos de mujeres, las propuestas formuladas se
orientan a precisar la incorporación de la perspectiva de género como eje
transversal de las políticas públicas de sus respectivos países. Sus aportes
consisten en: equiparar la inequidad con la corrupción como tema de
transparencia; plantear la importancia de incorporar el componente de salud
sexual y reproductiva; considerar la violencia y la seguridad ciudadana dentro
del tema de gobernabilidad; insistir en la necesidad de reconocer las
actividades reproductivas como parte de los proyectos de reconstrucción; y
reivindicar el acceso y propiedad de recursos importantes como la tierra y la
vivienda, por ejemplo (ALFORJA-CCIC, 1999; Foro Nacional de la Mujer, 1999;
UNICEF, 1999).
Históricamente, la situación de vulnerabilidad de la población
infantil y juvenil también ha tenido, por razones similares, más probabilidades
de ser reconocida y enfrentada. UNICEF llama la atención sobre la necesidad de
que la reconstrucción dé respuesta a los problemas crónicos que afectan a niñas,
niños y jóvenes en la región, especialmente en las áreas de agua y saneamiento,
salud mental, educación, alimentación adecuada y nutrición (UNICEF, 1999).
En contraste con el reconocimiento de la necesidad de incorporar
las diferencias según género y edad en la formulación e instrumentación de
planes y proyectos, otros sectores tradicionalmente excluidos tuvieron que
realizar esfuerzos de coordinación en el plano nacional y regional para ser
reconocidos como interlocutores válidos y para que sus planteamientos fueran
tomados en cuenta.
Precisamente para tales fines han surgido agrupamientos
regionales como la Coordinadora Centroamericana del Campo (CCC), compuesta por
las principales organizaciones de pueblos negros e indígenas de la región, de
mujeres y de cooperativas y organizaciones campesinas (CCC, 1999). De esta
manera, a través de la CCC, la población campesina, indígena y negra
centroamericana aprovechó el Encuentro Internacional de Organizaciones
No-Gubernamentales (ONGs) en Estocolmo para reclamar que no estaban
adecuadamente representados en las delegaciones ni en la mayor parte de las
propuestas gubernamentales y no gubernamentales sometidas a discusión. Esta
coordinación retoma algunas de las propuestas que venían siendo formuladas y
discutidas con anterioridad. Entre ellas, la propuesta del Corredor Indígena,
Negro y Campesino para el Desarrollo Sostenible en América Central hecha por la
Coordinadora Indígena Campesina de Agroforestería Comunitaria (CICAFOC), en la
que se recogen los aportes y experiencias acumulados a lo largo de cuatro años
de trabajo (CICAFOC, 1999a).
Las propuestas formuladas por la población indígena y negra
señalan la importancia de obtener plena participación en la reformulación de los
planes nacionales de reconstrucción y ser reconocidos como interlocutores
políticos válidos en diferentes espacios de toma de decisiones y coordinación,
para que se consideren las peculiaridades físicas, económicas, sociales e
institucionales de la costa atlántica de Honduras y Nicaragua, por ejemplo.
Llaman la atención sus demandas en cuanto a la demarcación y garantía de la
seguridad jurídica de las tierras comunales, como aspecto crítico del
ordenamiento territorial y ambiental; el respeto, recuperación y potenciación de
las formas y relaciones ancestrales de producción; la importancia del desarrollo
institucional y profesional en el plano municipal y regional; y la seguridad
ciudadana frente a los problemas de delincuencia, tráfico de indocumentados,
narcotráfico y explotación ilegal de los recursos forestales y pesqueros
(Autonomous Regions of Nicaragua, 1999; CCC, 1999; CICAFOC, 1999c; CONPAH,
1999).
En el tema de la etnicidad, como en otros, la Coordinadora Civil
en Nicaragua constituye una excepción, pues supo canalizar las demandas y
propuestas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica del país. La
comunidad garífuna del Atlántico hondureño tuvo menos eficacia en las gestiones
llevadas a cabo para la inclusión de sus propuestas. La Coordinadora Civil en
Nicaragua también fue la única instancia que incluyó consideraciones respecto de
la situación de la población discapacitada, lo cual es comprensible en un país
con un importante número de personas lisiadas de guerra.
· Ordenamiento
Territorial
Casi todos los actores coinciden en la necesidad de contar con
un esquema de ordenamiento territorial para la prevención de desastres. Esto
implica una revisión y adecuación de las formas de uso de la tierra y de sus
patrones de ocupación. Entre otras cosas, significa la identificación y
evaluación de las zonas de mayor riesgo y la reubicación de asentamientos
humanos que se encuentran en zonas de alta peligrosidad.
Se trata entonces de un proceso complejo en el que los
tradicionales mecanismos de planificación de arriba hacia abajo resultan
inadecuados e ineficientes. Estos métodos presuponen diferentes condiciones
socio-legales y un tipo de Estado e instrumentos que no existen en la región. En
las áreas urbanas, por ejemplo, los habitantes de zonas de alto riesgo se ubican
en asentamientos informales y viviendas precarias. Asimismo, en las zonas
rurales los usos de suelo obedecen a una lógica de sobrevivencia más que a
estructuras legales. Consecuentemente, la planificación de los usos de suelo y
la formación de ordenamientos territoriales tiene que adoptar procesos
participativos en el diseño, instrumentación y monitoreo, para garantizar, tanto
su aceptación social, como su eficiencia.
Es en este contexto, resulta prioritario avanzar hacia un marco
legal-institucional que incorpore la participación social en la gestión local de
los recursos naturales. A la vez, es necesario un acompañamiento técnico para
identificar las zonas de mayor riesgo, los usos potenciales más adecuados de los
suelos, etc. Además, en cualquier esquema de gestión territorial, es esencial
incorporar la dimensión económica para asegurar su viabilidad. Por ejemplo, para
que los pequeños productores en laderas adopten prácticas de conservación de
suelos que disminuyan los impactos de las inundaciones, es necesario incorporar
incentivos económicos como el pago por servicios ambientales en los planes de
ordenamiento territorial.
· Manejo de las Cuencas
Después del Mitch, el manejo de las cuencas ha cobrado singular
importancia. Los gobiernos centroamericanos plantearon un tratamiento de los
problemas ambientales desde la perspectiva de las cuencas. Algunos incluso
reafirmaron la importancia de las cuencas compartidas. El Gobierno de El
Salvador, por ejemplo, en el Plan de Reconstrucción presentado en Washington
apuntaba que “el rescate del equilibrio ecológico de las cuencas
hidrográficas, conlleva procesos de integración de esfuerzos en los ámbitos
locales, nacionales y regionales, como condición para lograr un mayor y efectivo
impacto. De lo contrario, lo que se avance en un país, puede ser destruido por
el efecto de una catástrofe natural ocurrida más allá de sus fronteras, con
serias consecuencias físicas, humanas y económicas”.8 De manera
que desligarse “de esta visión regional puede ser peligroso y conducente a
pérdidas financieras elevadas, porque lo que se haya logrado en un país se puede
perder con una catástrofe natural ocurrida más allá de sus fronteras y arrasar
con todo el progreso alcanzado” (GOES, 1998). No obstante, existen
limitaciones en la construcción verdadera de acuerdos de manejo transfronterizos
por las preocupaciones de cada país sobre su soberanía.
En la misma lógica de las dificultades que enfrentan los países
para asumir compromisos transfronterizos, los ámbitos locales enfrentan
dificultades para adoptar una visión y tratamiento conjunto de las cuencas. Por
ejemplo, en El Salvador, los excelentes esfuerzos organizativos de la población
del Bajo Lempa con el acompañamiento de ONGs, no proponen ningún tipo de
intervenciones para revertir la degradación de la cuenca alta del río Lempa, en
parte por el temor de que este tipo de planteamientos implique una dispersión de
esfuerzos y, lo que es más preocupante, una difusión de recursos financieros
hacia otras áreas diferentes del Bajo Lempa.
Como consecuencia, son las instancias regionales, como el SICA y
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, los organismos de
sociedad civil en el plano nacional, regional e internacional, y los organismos
bilaterales y multilaterales, quienes están en una mejor posición para promover
el tema de las cuencas compartidas. Entre las prioridades regionales, el SICA
incluye “una estrecha colaboración entre los países de las región”
para lograr un “ordenamiento del uso del suelo a partir de las cuencas
hidrográficas” (SICA, 1999).
· Revegetación y
transformación del agro
La severa deforestación en la región ha producido una situación
de elevada vulnerabilidad y alto riesgo frente a los fenómenos
naturales.9 En efecto, como resultado de la pérdida de vegetación y
los procesos de degradación del suelo, disminuye cada vez más la capacidad del
territorio para regular y almacenar el agua de lluvia y se genera un estado casi
permanente de desastre por el ciclo de sequías e inundaciones entre la época
seca y la lluviosa.
No es sorprendente entonces, que haya un concenso sobre la
necesidad de adoptar medidas para revertir la deforestación. Sin embargo, las
soluciones puramente conservacionistas, que incluyen la determinación y
expansión de áreas protegidas y proyectos para estimular la reforestación
masiva, no han resultado efectivas para el logro del objetivo de protección. Por
ello es necesario pensar en una estrategia de revegetación vinculada a la
transformación misma del agro y al desarrollo de medios de vida sostenible para
la población rural pobre.10
La revegetación es un proceso inducido de regeneración de la
cobertura vegetal en zonas que aparecen como críticas, por los niveles de
deforestación y por sus características biofísicas. Pero también se refiere a
los principios agroecológicos y de conservación de suelos y agua, como una
condición necesaria para lograr una actividad agrícola, pecuaria y forestal
sostenible, tanto en las zonas de laderas como en las planicies. Por ello,
supone una transformación del agro, a través de una difusión y adopción masiva
de tecnologías alternas a las de la revolución verde y de que el agro, además de
bienes, produzca los servicios ambientales en forma sostenible, sobre todo en
zonas críticas. Se trata en definitiva de hacer un rubro estratégico y altamente
valorado de la producción campesina.
Esta transformación del agro sólo será posible si se introduce
un sistema de pago por servicios ambientales, de modo que las actividades que
realicen las familias pobres en laderas generen ingresos permanentes para dichas
familias y, de esta manera, sean compensadas de manera permanente por la mayor
oferta ambiental derivada de sus prácticas de revegetación (PRISMA, 1999).
Los productores pobres en laderas se vuelven actores
estratégicos que pueden y deben desempeñar un papel fundamental en la
rehabilitación de las cuencas mediante actividades de protección y
rehabilitación. En este marco y bajo esta lógica, la propuesta de revegetación y
transformación del agro puede contribuir a la superación de la pobreza rural,
así como garantizar la productividad del sector agropecuario y la generación de
servicios ambientales (PRISMA,
1997).
3. Los temas de la gobernabilidad
En el contexto de post-Mitch múltiples aspectos relacionados con
la gobernabilidad están resurgiendo como temas importantes para asegurar que los
efectos del huracán Mitch no reviertan los procesos de democratización en
marcha. Así surgen como temas claves la transparencia y rendición de cuentas, la
concertación y participación ciudadana, la descentralización y el desarrollo
local, la migración, y el narcotráfico.
· Transparencia y Rendición
de Cuentas
Como se mencionó anteriormente, la comunidad donante le ha dado
una gran importancia al tema de transparencia y rendición de cuentas. Sin
embargo, no existen mecanismos claramente definidos para avanzar sobre este
aspecto. Las expresiones de sociedad civil y las ONGs internacionales coinciden
con los donantes en esta preocupación, pero han ido más allá al incorporar
propuestas específicas para garantizar la transparencia sobre la base de un
monitoreo llevado a cabo por la misma sociedad civil.
INTERFOROS de Honduras definió la “Transparencia y Control
Ciudadano” como uno de los ejes principales de su propuesta y exigió al
gobierno que estableciera con claridad los procedimientos necesarios para
asegurar: la prevención y el combate a la corrupción; la institucionalización de
un modelo de transparencia y control ciudadano en el ámbito local y central,
mediante oficinas de control y seguimiento y auditorías sociales; la
representatividad de la sociedad civil y de la ciudadanía, tanto en las
funciones de control y seguimiento, como en la organización y funcionamiento de
las instituciones encargadas de vigilar la transparencia y dar asesoría en esta
materia (Espacios INTERFOROS, 1999).
La sociedad civil debe “dar
seguimiento a los programas de reconstrucción de los gobiernos, controlar la
transparencia y el uso adecuado de los recursos”.
La Coordinadora Civil de Nicaragua realizó una auditoría social
a través de una encuesta de hogares a más de 10,000 familias y de entrevistas
con personas líderes de las comunidades afectadas, para monitorear y evaluar el
tipo, la calidad y la efectividad de la ayuda recibida. Los resultados
preliminares mostraron que un “50 por ciento de 834 familias encuestadas en
Managua afirmaron que la ayuda posterior al paso del huracán Mitch no fue pareja
ni ordenada” (Marenco E., 1999). Ante esta situación, la Coordinadora
reiteró la necesidad de que el gobierno incluya a la sociedad civil, desde el
diseño hasta la instrumentación y monitoreo de proyectos. Además, la
Coordinadora está llevando a cabo un proceso de auditoría financiera, invitando
a las ONGs en el país a rendir cuentas de los fondos recibidos para atender a la
población afectada por Mitch, como ejemplo de la transparencia que debe
existir.11
También algunas ONGs internacionales de Europa han visto la
necesidad de ser ellas mismas más transparentes, al afirmar que “es
necesario promover la creación de instancias de coordinación informativa y
operativa entre las ONGs europeas que operen en el mismo país y/o en la misma
región. Al mismo tiempo, las ONGs europeas deben tomar las medidas necesarias
para garantizar la coordinación informativa y operativa con las autoridades
públicas (tanto nacionales como locales) del país beneficiario” (VOICE,
1999).
En el ámbito regional, ALFORJA identifica la participación y
control ciudadano como un “eje central en todas las propuestas” de la
sociedad civil centroamericana. Agrega que “el componente de la
transparencia en el uso de los recursos y el asumir la responsabilidad ciudadana
sobre los fondos y la actuación de los funcionarios públicos se resalta como el
mecanismo fundamental para ejercer el derecho democrático de tomar en sus
propias manos el destino de la sociedad. Por otro lado, es un indicio muy
importante que las ONGs nos incorporemos” (ALFORJA-CCIC, 1999). Asimismo,
el Comité Consultivo del SICA en cuanto a las acciones post-Mitch, subraya que
la sociedad civil debe “dar seguimiento a los programas de reconstrucción
de los gobiernos, controlar la transparencia y el uso adecuado de los
recursos”.
· Concertación y
participación ciudadana
La comunidad donante y las organizaciones de la sociedad civil
han reiterado la importancia de la concertación y participación social en los
procesos de elaboración y ejecución de los planes de reconstrucción y
transformación presentados en Estocolmo. Aunque el Grupo Consultivo no definió
criterios para medir la profundidad y existencia de procesos participativos, los
gobiernos centroamericanos, con mayor o menor convicción, vieron la conveniencia
de abrirse hacia tales procesos.
En El Salvador, por ejemplo, el PNUD facilitó la conformación de
mesas técnicas sobre varios componentes sectoriales del plan presentado en
Estocolmo (prevención de desastres, salud, vivienda, reconstrucción y desarrollo
local, desarrollo rural, medio ambiente, educación, y género), como parte de un
proceso que incluyó una relativa amplia participación del sector gubernamental y
no-gubernamental.12 La decisión gubernamental de aceptar este proceso
fue favorecida por los lineamientos establecidos por la reunión de Estocolmo.
Además, al Gobierno de El Salvador le interesaba mostrar una mayor apertura en
este sentido, debido a la menor atención de la comunidad internacional, en
comparación con Honduras y Nicaragua.
Este proceso de consulta, sin embargo, no comenzó sino a
principios de febrero, quedando relativamente poco tiempo para formular un plan
con propuestas concretas. Mientras que la definición de las líneas estratégicas
de la propuesta se elaboró con un buen nivel de concertación entre los
participantes de las mesas técnicas, éste no fue el caso al momento de la
selección de proyectos concretos incluidos en la propuesta llevada a Estocolmo.
Cada una de las mesas contó con una sesión de 4 horas para revisar la cartera de
proyectos correspondiente, lo cual resultó insuficiente, dado el volumen de
proyectos y la poca información que se tuvo de cada uno. Al final, los proyectos
fueron seleccionados por el Gobierno y el PNUD.
Junto al proceso de consulta que promovió el PNUD y en el marco
de un esfuerzo más amplio de la sociedad civil organizada a nivel regional, a
principios de marzo se constituyó el Foro de la Sociedad Civil por la
Reconstrucción y el Desarrollo de El Salvador, que ha aglutinado entre 20 y 60
organizaciones no gubernamentales, en diferentes momentos.
El Foro se formó esencialmente por dos razones: por un lado,
varios grupos de la sociedad civil no se sintieron representados en el esfuerzo
facilitado por el PNUD, pues en su opinión los mecanismos de convocatoria
limitaron una mayor participación, dejando por fuera a varios grupos de la
sociedad civil que no tuvieron la información oportuna para involucrarse
plenamente en el proceso. Por otra parte, se vio la necesidad de que la sociedad
civil contara con una plataforma propia para presionar y asegurar la
incorporación de sus demandas desde su propia perspectiva.
Si bien antes de la reunión de Estocolmo el Foro no logró
avanzar hacia una propuesta detallada, la coyuntura post-Estocolmo abrió la
posibilidad para que el Foro tenga una mayor incidencia en la promoción de
proyectos prioritarios, el monitoreo del uso de los fondos, la instrumentación
de proyectos y la auditoría social. Para ello será necesario, sin embargo, que
el Foro amplíe su representación y fortalezca su articulación con el resto de la
sociedad civil.
En Nicaragua están los esfuerzos más organizados y avanzados de
la sociedad civil en la región, puesto que el huracán Mitch únicamente reforzó
un proceso de florecimiento de la sociedad civil nicaragüense que ya estaba en
marcha. A partir del Mitch se aglutinó un esfuerzo coordinado entre numerosas
expresiones de la sociedad civil para enfrentar la emergencia, en el primer
momento, y para buscar respuestas integrales a los problemas que el país
enfrenta, en el largo plazo.
La Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción
aglutina unas 400 organizaciones no gubernamentales y redes nacionales. Ya en
diciembre del 1998 habían logrado plantear una propuesta propia para la
reconstrucción y el desarrollo de su país. Se han articulado demandas hacia el
Gobierno nicaragüense y hacia la cooperación internacional. Demanda
principalmente la participación ciudadana en el proceso de decisión
gubernamental, desde la fase de discusión hasta la ejecución y evaluación, y en
la promoción del desarrollo humano.
Inicialmente, el gobierno no tomó en cuenta este esfuerzo para
el desarrollo de sus planes de reconstrucción.13 Al contrario, Ana
Quiroz, la representante del esfuerzo civil, reclamó la actitud hostil del
Gobierno hacia la Coordinadora, y públicamente pidió poner fin “al nivel de
agresividad en el discurso hacia las ONGs, ya que nos han titulado de
oportunistas y que buscamos el lucro, lo cual no es así” (Marenco E.,
1999).
La Coordinadora tuvo que presionar vigorosamente para ser
reconocida por el Gobierno como un interlocutor legítimo. Después de la
resistencia inicial, el sector ONG y la Secretaría de Cooperación Externa se
reunieron para definir una agenda de trabajo conjunta en las acciones de
desarrollo y reconstrucción del país. Además, el presidente Arnoldo Alemán
incluyó a un representante de la Coordinadora como miembro del Consejo de
Planificación Económica y Social, que es un órgano de consulta para la dirección
de la política económica y social del país.
En Honduras, la aceptación de la incorporación de los sectores
civiles y la participación local en los planteamientos para la reconstrucción y
el desarrollo parecen débiles. No hubo representación de la sociedad civil en el
Gabinete de Reconstrucción. El espacio INTERFOROS, que desde el mes de marzo
aglutina a decenas de ONGs y agrupaciones y coordinaciones de la sociedad civil
ya existentes, había amenazado con llevar su propia propuesta a Estocolmo,
debido a la negativa del gobierno a escuchar sus plantemientos.
En el caso de Guatemala, la respuesta durante la emergencia fue
dirigida por el Estado y el ejército. Esta concentración y centralización del
esfuerzo desplazó y debilitó la participación local en los esfuerzos post-Mitch,
particularmente el diseño de los programas de reconstrucción. Esto no niega que
existan capacidades y esfuerzos locales, particularmente en las comunidades
donde ya habían algunas formas de organización.14 Sin embargo, los
procesos post-Mitch no han logrado aumentar el nivel de participación local. Al
contrario, en los planes de reconstrucción continúa la mayor influencia de
grupos tradicionalmente más poderosos, como los cafetaleros, en contraste con
los grupos tradicionalmente excluidos (Reporte Guatemala, Oxfam America, 1999).
· Descentralización y
desarrollo local
El tema de la descentralización cobra un nuevo giro con el
impacto del huracán. Se replantea desde aquí la discusión del rol de la
descentralización como uno de los ejes prioritarios de cualquier estrategia de
reconstrucción y transformación, debido a sus implicaciones para el proceso de
fortalecimiento de la democracia, la gobernabilidad, la transparencia y el
desarrollo sostenible de la región (Stein, 1999).
Para ALFORJA, uno de los desafíos después de Mitch en
Centroamérica es avanzar en los procesos de descentralización y
desconcentración, ya que de esta manera se fortalece la capacidad de propuesta,
negociación y gestión de la sociedad civil frente a los gobiernos locales y
central (ALFORJA-CCIC, 1999). Otros actores no asocian el tema de la
descentralización con mayores posibilidades de participación, sino con mejores
condiciones para ejecutar proyectos.
Desde este punto de vista, para la cooperación internacional es
indudablemente imperiosa la necesidad de profundizar la descentralización,
durante la fase de reconstrucción. Esto fue evidente en la reunión de Estocolmo,
donde organismos bilaterales como la Agencia Internacional para el Desarrollo
(AID), que impulsaron este proceso desde los años ochenta, sugirieron que se
considerara la posibilidad de canalizar directamente hacia algunas
municipalidades, parte de sus recursos para la reconstrucción (USAID, 1999).
Asimismo, el Gobierno de Francia explícitamente expresó su interés en iniciar
proyectos directamente con los municipios, sin la mediación del Gobierno
central.
Ante el Grupo Consultivo, el Comité Consultivo del SICA también
hizo referencia a la necesidad de fortalecer la capacidad de los municipios para
responder frente a las emergencias y para garantizar la transparencia en el
manejo de los recursos. En su propuesta considera necesario: a) Descentralizar
la prevención y mitigación de desastres, lo que conllevaría a vincular las
comisiones de emergencia nacionales a las estructuras locales de prevención y
mitigación; b) Trasladar recursos y competencias a los municipios y las
comunidades organizadas, para que puedan ejecutar proyectos a menor costo; y c)
Crear mecanismos para el manejo transparente de recursos públicos en el ámbito
local y su supervisión, haciendo uso de los mecanismos de participación ya
establecidos, como los cabildos abiertos y las audiencias públicas (CC-SICA,
1999).
Pero si bien la descentralización ha propiciado nuevos papeles
protagonistas para los gobiernos locales, también tropieza con limitaciones. La
descentralización se promueve en la retórica del Gobierno central, pero en la
realidad posee un contenido de desconcentración administrativa y privatización
de servicios. Además, prevalece el modelo de centralización de competencias
políticas y administrativas. Es por ello que el traslado de competencias hacia
los municipios no siempre ha sido acompañado del poder, los recursos
financieros, ni las capacidades necesarias. La autonomía para la generación y el
manejo de fondos municipales, que es uno de los temas más sensibles para los
gobiernos municipales continúa pendientes.
· Migración y
Narcotráfico
Si bien el Gobierno de los Estados Unidos, al igual que los
otros donantes, comparte el interés en los temas de la gobernabilidad arriba
discutidos, sus preocupaciones principales están relacionadas con la migración
ilegal y el narcotráfico. Durante la visita del presidente de los Estados Unidos
a la región, en el marco de la cumbre presidencial, se planteó la necesidad de
combatir el narcotráfico y controlar los flujos migratorios hacia su país, que
son temas importantes desde el punto de vista de la dinámica interna de los
Estados Unidos.
En esta línea, en su discurso ante la Asamblea Legislativa
salvadoreña, Clinton declaró que “proteger a nuestros pueblos contra las
drogas y los crímenes es un desafío que tenemos que enfrentar”. Por lo que
pidió a la Asamblea “ayudar a enfrentar este reto, ampliando nuestro
acuerdo de extradición e impidiendo que los criminales queden sin castigo
huyendo a través de nuestras fronteras” (Ibid.). El 11 de marzo, en la
reunión de los ministros de seguridad en Guatemala, Estados Unidos prometió
ayuda financiera y técnica para combatir el narcotráfico. Además, logró acuerdos
sobre el control de fronteras entre los cinco países y la coordinación entre las
autoridades para no realizar esfuerzos aislados (Marenco J., 1999).
La preocupación por controlar el flujo de migrantes tiene que
ver con el aumento significativo de migrantes indocumentados centroamericanos
que entraron a los Estados Unidos después del huracán Mitch. Según Newsweek,
entre noviembre de 1998 y enero de 1999, agentes norteamericanos a lo largo de
la frontera de Texas, donde cruza la mayoría de migrantes, capturaron a 6,555
“otros no mexicanos”, en su mayoría centroamericanos. Esta cifra
representa un incremento del 86% en relación con el año anterior (Zarembo, 1999)
(Ver gráfico 1).
Gráfico 1. No-mejicanos capturados en
la frontera
Fuente: Newsweek, marzo 1999, p. 13.
Los gobiernos centroamericanos, particularmente El Salvador y
Guatemala, comparten este interés por los temas migratorios. Sin embargo, ellos
buscaban una prórroga de las deportaciones y un tratamiento favorable a la
población migrante.15 La permanencia de sus compatriotas en el
exterior es un tema de la mayor importancia porque el tema está ligado a
preocupaciones de tipo económico. El temor de los gobiernos salvadoreño y
guatemalteco es sufrir una disminución de las remesas familiares y un aumento en
las tasas de desempleo y la problemática social de cada país, con la
repatriación de sus ciudadanos.
En relación con los inmigrantes centroamericanos en los Estados
Unidos, durante su visita a la región, el presidente Clinton prometió hacer
“todo lo posible para poner fin y superar la disparidad entre los
diferentes ciudadanos de los países centroamericanos. Y trabajaré con nuestro
Congreso para redactar leyes que sean más equilibradas” (Clinton, 1999), en
referencia a la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano (NACARA, por
sus siglas en inglés), en la cual solamente los nicaragüenses y cubanos reciben
tratamiento preferencial para permanecer en los Estados Unidos.
Originalmente Clinton decidió dejar este debate al Congreso. En
lugar de tratar de convencer al Congreso de ampliar la Ley NACARA para incluir a
la población salvadoreña y guatemalteca, una batalla difícil, él pudo haber
evitado el proceso y hacer declarar al Fiscal General que, debido a las
condiciones en estos países, era tácitamente aceptado que los salvadoreños y
guatemaltecos enfrentan “sufrimiento extremo” al
regresar.16 Al final se evitó el debate con el Congreso y el 20 de
mayo de 1999, el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) anunció una
nueva regulación simplificada para NACARA, en la cual se reconoce de antemano
que los salvadoreños y guatemaltecos pueden sufrir “extrema penuria”
si son deportados (El Diario de Hoy, 21 de mayo de 1999).
Para Costa Rica, el tema de las migraciones y el control de los
flujos tiene connotaciones diferentes, ya que se estima que alrededor de un
millón de nicaragüenses viven en ese país. Esto explica que la propuesta de
algunas organizaciones costarricenses levante como prioritario el tema,
señalando que “a pesar de que el Gobierno costarricense declaró una
amnistía para todas las personas de ese país que hubieran venido a Costa Rica
antes del 8 de noviembre, como una manera de frenar el éxodo, la tendencia a la
migración aumentará. Si no se toman medidas al respecto, continuará el deterioro
de las condiciones de vida de importantes sectores de la población costarricense
y sin ninguna duda, de la nicaragüense” (ALFORJA-CCIC,
1999).
4. Los temas económicos
Si bien los temas económicos no fueron incluidos entre los
tópicos estratégicos de la agenda del Grupo Consultivo, para los gobiernos
centroamericanos y sus entidades regionales son fundamentales, particularmente
en su relación con los Estados Unidos. Como muestra se tiene que cuatro de los
siete temas discutidos durante la cumbre con el presidente Clinton en marzo de
1999, tenían que ver con lo económico.17 La preocupación central
sobre temas económicos es compartida por los sectores empresarial e industrial
de la región.
· Infraestructura física
Entre todos los actores parece haber consenso sobre la necesidad
de invertir en infraestructura física. No es sorprendente entonces que una gran
porción de la ayuda inicial comprometida por las entidades bilaterales y
multilaterales esté dirigida a la reparación y/o la construcción de
infraestructura física, como carreteras, puentes, viviendas, clínicas, escuelas
y redes de agua. Pero las prioridades sobre cuáles inversiones son prioritarias
son diferentes. Un informe de OXFAM apunta que “mientras los gobiernos
centroamericanos concuerdan que las zonas rurales fueron las áreas más afectadas
por el huracán Mitch, se está priorizando la rehabilitación de la carretera
Panamericana y las carreteras interurbanas” (Barraclough y Moss, 1999).
En reconocimiento al descuido continuo de los gobiernos al
sector rural, varios grupos de la sociedad civil están exigiendo que sus
gobiernos den preeminencia a la construcción de las vías secundarias que
facilitan la comercialización de la producción agrícola. Tal demanda es
específicamente reivindicada en la mayor parte de las propuestas de la sociedad
civil local y las de algunas entidades como PNUD y ONG internacionales, tales
como OXFAM América.
· Comercio e Inversión
Los principales protagonistas de la demanda para incrementar el
comercio vía un mayor acceso al mercado externo, particularmente el de Estados
Unidos, son los gobiernos centroamericanos y las cámaras empresariales. Durante
la Cumbre con el presidente Clinton se pidió “la equiparación de la
Iniciativa de la Cuenca del Caribe con el régimen común de acceso a los Estados
Unidos del Tratado de Comercio Libre” (CoLatino, 1999).
En su ponencia ante la Asamblea Legislativa de El Salvador,
Clinton anunció que había enviado “al Congreso [de los Estados Unidos] un
documento para el mejoramiento de la Cuenca del Caribe, proporcionando a
Centroamérica y al Caribe más beneficios de los que hemos anunciado antes del
huracán. Eliminarían todos los aranceles sobre los textiles y las artesanías y
permitiría que tratáramos todas las importaciones no textiles de Centroamérica
exactamente como tratamos esas importaciones de México bajo el TLC. El único
requerimiento, es que todas las naciones cumplan con sus obligaciones bajo la
OMC y participen en el esfuerzo por crear el área de libre comercio de las
Américas” (Clinton, 1999).
Acompañando el tema de las condiciones favorables para el
comercio se encuentra el del aumento de la inversión extranjera que ha moldeado
las imágenes que los países de la región tratan de proyectar. Esta preocupación
por mostrar una buena cara hacia afuera, llegó a tales niveles que el presidente
de Nicaragua, Arnoldo Alemán, incrementó su impopularidad ante la sociedad civil
por negar, en un primer momento, los graves efectos que sufrió su país a raíz
del Mitch.18
Algunas entidades regionales también están promoviendo una
agenda de mayor comercio e inversión. Sin embargo, aún cuando coinciden con los
gobiernos centroamericanos, su enfoque está dirigido a la necesidad de articular
una respuesta desde la región. El SICA y el INCAE plantean la necesidad de
desarrollar un Corredor Logístico de Centroamérica sobre la base de un
mejoramiento vial para facilitar el comercio intraregional. De acuerdo con el
SICA, este corredor implica una “unión aduanera entre países”,
“la facilitación del comercio y reducción de barreras al movimiento de
bienes al interior de la región” y la profundización del proceso de
integración.
· Deuda Externa
El tema de la deuda es de suma importancia para los países
centroamericanos, especialmente para Nicaragua y Honduras. Con una deuda externa
de 6,500 millones de dólares, el Gobierno de Nicaragua solicitó un alivio de su
deuda y una reducción permanente de los servicios de la deuda. Honduras, por su
parte, esperaba un alivio de al menos un 67% de su deuda exterior de 4,300
millones de dólares (La Prensa Gráfica, 27 de marzo 1999). Guatemala ha
solicitado una reconversión de su deuda. El Salvador, de acuerdo al entonces
presidente, Armando Calderón Sol, no califica para este tipo de acciones porque
la mayor parte de su deuda es con organismos multilaterales (Calderón Sol,
1998).
Existen otros actores que también están discutiendo el tema de
la deuda externa, entre ellos ONGs locales e internacionales y entidades
regionales. Las demandas varían desde una llamada para una moratoria de algunos
años en el pago del servicio de la deuda o su reconversión, hasta una
eliminación de la deuda.
La Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción
propuso mecanismos para una reducción sustancial de la deuda externa. Para ello
se proponía: a) buscar una incorporación más rápida a la Iniciativa de los
Países Pobres y Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés); b)
invertir los fondos aportados por la comunidad cooperante para la reducción de
la deuda en las prioridades nacionales de desarrollo humano; c) financiamiento
destinado a la reducción inmediata de la deuda externa; d) una moratoria de al
menos tres años para el pago del servicio de la deuda; y e) un alivio inmediato
de toda la deuda externa con acreedores bilaterales y multilaterales. Por su
parte INTERFOROS de Honduras exige un canje de deuda por desarrollo.
En el ámbito regional, el Foro para la reactivación productiva
del Sector Agropecuario Centroamericano compuesto por organizaciones nacionales
de productores,19 pide una condonación de la deuda externa y la
asignación de estos fondos a la promoción del sector rural. El Comité Consultivo
del SICA también está promoviendo una condonación y renegociación de la deuda
externa, particularmente para Honduras y Nicaragua, siempre y cuando los
recursos se orienten hacia las necesidades más urgentes.
La Comunidad Católica de los Estados Unidos ha pedido a su
Gobierno, al FMI, al BM y al BID, que respalden una condonación unilateral y una
multilateral reprogramación de la deuda. Varias ONGs internacionales, como la
Jubilee 2000 Coalition, Eurodad, Oxfam UK y Oxfam America, están indicando que
una moratoria no es suficiente, y en su lugar promueven una moratoria oficial
inmediata, seguida por una cancelación completa de la deuda
externa.20
La respuesta de los organismos bilaterales ha sido diversa. Por
un lado, Clinton ofreció una condonación de una gran parte de la deuda externa
de Nicaragua y Honduras y 25 millones de dólares para asistir con el pago de la
deuda. Cuba, España, Holanda, Austria y Francia condonaron las deudas de
Honduras y Nicaragua. La Cooperación Europea promueve la redimensión de los usos
de recursos financieros de la deuda, condicionándolos a un cambio de deuda por
contratos ambientales y/o sociales, más el uso de los fondos de la deuda para la
construcción de infraestructura en polos alternativos y grupos metas.
· Transformación
Productiva
Aparte de los tradicionales temas económicos arriba mencionados,
existen llamados hacia la necesidad de aprovechar la reconstrucción para
impulsar una transformación productiva en la región. Sin embargo, el contenido
de las propuestas de transformación productiva varía sustancialmente entre los
diferentes actores. Los planteamientos menos innovadores, en general,
corresponden a los gobiernos centroamericanos, preocupados por la continuidad de
los programas ya en marcha.
El contenido de las propuestas de
transformación productiva varía sustancialmente entre los diferentes actores
En el caso de la sociedad civil, si bien era evidente su
ausencia en las discusiones sobre comercio e inversión, en los planteamientos
alrededor de una transformación en la producción existen bastantes propuestas y
aportes. Una gran parte de las agrupaciones organizadas de la sociedad civil
coincide en la necesidad de centrar acciones alrededor de los pequeños
productores agropecuarios.
En Nicaragua, la Coordinadora Civil ha destacado la importancia
de las potencialidades que existen en cada municipio para descentralizar la
agroindustria y la industria, además de la importancia de la articulación
agricultura-agroindustria y agroindustria-industria. Los agrupamientos de
sociedad civil en Guatemala y El Salvador enfatizan la necesidad de combatir los
problemas estructurales existentes en el sector agropecuario, como la tenencia
de la tierra, la falta de crédito y apoyo técnico, las pocas fuentes de empleo,
los bajos precios pagados a los productores, la débil infraestructura vial y
productiva, y los bajos salarios en el campo.
La Coordinadora Centroamericana de Campo propone la
transformación del “Corredor Biológico Mesoamericano” en un
“Corredor Campesino e Indígena de Desarrollo Sostenible” que incluye
la participación de las comunidades aledañas a las zonas de reserva y el
aseguramiento de medios de vida sostenibles. ONG internacionales, tales como
OXFAM America, también plantean enérgicamente la necesidad de transformaciones
productivas profundas que mejoren las condiciones de los pequeños productores
agropecuarios y aseguren un desarrollo social y ecológicamente
sostenible.
5. La Dimensión Regional
La comunidad internacional está promoviendo esfuerzos regionales
para la reconstrucción y transformación de la región. En los principios de la
reunión del Grupo Consultivo en Estocolmo, se declaró como una de las metas
principales “lograr un mayor grado de conciencia respecto a la importancia
de iniciativas regionales para fortalecer los esfuerzos nacionales de
reconstrucción y transformación” (BID-Gobierno de Suecia, 1999).
Los gobiernos centroamericanos han reiterado la importancia de
un marco regional, y de hecho, han coordinado esfuerzos de cabildeo político
alrededor de temas de comercio, inversión y migración. Son particularmente
notables sus esfuerzos de coordinación para la gestión post-Mitch de cara a los
Estados Unidos.
En contraste, frente al Grupo Consultivo, la coordinación fue
escasa. Desde muy temprano los gobiernos centroamericanos decidieron presentar
propuestas separadas para la reconstrucción. Además Honduras y Nicaragua,
presionaron para reducir la cartera de proyectos regionales, pues consideraban
que ello podía reducir su financiamiento. La dificultad de construir una
perspectiva regional, respaldada por acuerdos y elaboración de programas e
iniciativas conjuntas, para llevar a la reunión del Grupo Consultivo, ha
conducido de hecho a dejar el tema para una próxima reunión. La tercera reunión
del Grupo Consultivo para la Reconstrucción y Transformación de Centroamérica
donde se va a discutir el tema regional, está planeada para el año 2000 en
Madrid.
No es sorprende que las entidades regionales sean fuertes
protagonistas de una perspectiva regional. SICA inicialmente elaboró una cartera
de proyectos por más de 1,400 millones de dólares, lo cual se presentó en la
reunión preparatoria del Grupo Consultivo en marzo de 1999 en París, con ocasión
de la reunión anual del BID. Sin embargo, el elevado monto de la cartera, creó
un ambiente de competencia para fondos en vez de un ámbito de cooperación para
fortalecer los esfuerzos nacionales mediante un marco regional. Al final, en la
reunión de Estocolmo, la cartera de proyectos presentada por el SICA fue de
apenas 100 millones de dólares.
Otros importantes protagonistas de un marco regional han surgido
de esfuerzos coordinados entre representaciones de la sociedad civil en países
de la región. En contraste con la dinámica de los gobiernos, se ha tenido mucho
más éxito en articular una perspectiva regional que otorga valor agregado a los
esfuerzos nacionales. Algunas de estas agrupaciones representan perspectivas
desde sectores particulares, como el Consejo Indígena de Centro América, la
Coordinadora Centroamericana del Campo y el Foro para la reactivación productiva
del Sector Agropecuario Centroamericano. Otros tratan de reflejar las
perspectivas del conjunto de la sociedad civil de Centroamérica, por ejemplo la
Iniciativa Civil para la Integración Centroamericana ICIC, y el Programa
Regional Coordinado de Educación Popular ALFORJA.
ALFORJA declara como esencial un marco regional, pues considera
que “no serán viables en el largo plazo las propuestas que no tengan un
alcance y proyección regional. Ningún país centroamericano por sí mismo y en
función de su sólo entorno nacional, podrá llevar adelante propuestas de
democratización y desarrollo sostenibles” (ALFORJA-CCIC,
1999).
6. Los actores frente a la transformación
En primer lugar, se resalta la inmensa amplitud de actores y
agrupamientos involucrados en este proceso de reconstrucción y transformación de
la región. En cuanto a los actores, la movilización y demandas van mucho más
allá de las interacciones entre las personas afectadas por el desastre y las
entidades gubernamentales encargadas de responder a tales situaciones.
Involucran a la sociedad civil, los gobiernos centroamericanos, la cooperación
externa y, en un menor grado, al sector empresarial privado.21
A la cooperación externa se le otorga una extraordinaria
importancia, al punto que una gran parte de los esfuerzos organizativos
post-Mitch estaban dirigidos a influir en las decisiones de los actores
externos. Ello evidencia un reconocimiento del poder de estos actores en influir
en los procesos del desarrollo. Desde esa perspectiva resulta interesante el
énfasis actual de la cooperación externa hacia la región en los temas
relacionados con la vulnerabilidad social y ecológica, la transparencia y el
desarrollo local, y en general, la preocupación por ir más allá de un enfoque
tradicional de reconstrucción para incorporar una visión de transformación de
Centroamérica.
Por otra parte, el proceso mismo hacia Estocolmo facilitado por
las señales que enviaba la cooperación externa, abrió nuevos espacios de
participación para la sociedad civil. No obstante, si bien se ha ampliado la
agenda de la cooperación externa, los nuevos énfasis todavía no conforman lo que
podría ser un nuevo marco de condicionalidad, algo que algunos sectores, sobre
todo de la sociedad civil, consideran esencial para que se pueda avanzar en las
transformaciones deseadas.
En el caso de los gobiernos centroamericanos, si bien existen
bastante coincidencia en cuanto a los temas planteados, las diferentes
situaciones nacionales influyen en el enfoque y nivel de interés dado a los
temas comunes. Por ejemplo, en Honduras y Nicaragua, los países más pobres de la
región donde también los efectos del Mitch fueron más severos, los gobiernos han
enfatizado los temas de reconstrucción y la deuda externa, más que los de
comercio e inversión. Estos dos países son también los que han recibido mayor
atención y recursos por parte de la cooperación externa.22
El Gobierno de El Salvador enfatizó su estabilidad económica,
para asegurar mayores niveles de inversión y comercio, así como el carácter
participativo de su plan, para asegurar un mayor financiamiento externo.
Guatemala subrayó su tierno proceso de paz y la importancia de asegurar que los
daños no afecten negativamente este proceso. Para Costa Rica, un tema de suma
importancia es la migración. Pero en contraste con los otros países
centroamericanos que son emisores de migrantes, Costa Rica está preocupada por
ser un país receptor de migrantes.
Otro aspecto importante a destacar en cuanto a los gobiernos
centroamericanos es su tibio compromiso con los gobiernos locales. Existen una
tendencia en Centroamérica hacia la descentralización y fortalecimiento
municipal que está vinculada a la reforma del Estado23 y los procesos
de transición política, al grado que en Guatemala es un compromiso de los
Acuerdos de Paz (Alfaro, 1999). Es también uno de los puntos focales del
discurso y las plataformas de los partidos políticos y agendas gubernamentales,
pero en realidad el proceso está siendo empujado desde abajo, tanto por parte de
las corporaciones municipales, como por la sociedad civil, lo que es retomado
con más fuerza después de la experiencia respecto a la centralización de las
acciones de emergencia por el huracán y la distribución de la ayuda a los
afectados.
En cuanto a la sociedad civil,24 es importante
recordar que representa una multitud de diferentes intereses y capacidades por
lo cual se hace mucho más difícil cualquier tarea de articulación y
representación frente a los otros actores. Por otra parte, si bien existen
grandes coincidencias entre las representaciones de sociedad civil dentro de
Centroamérica y las ONGs internacionales, estas últimas por su forma de
conducirse en el espacio centroamericano pueden caracterizarse como agentes
externos. Como los otros cooperantes externos, proporcionan asistencia
(usualmente financiera, pero también bienes y servicios).
Además, están en una posición privilegiada para influir en las
políticas de los gobiernos donantes, y en menor grado en los organismos
multilaterales. Ello explica por qué el tema de la deuda externa es de mayor
importancia entre las ONGs internacionales que entre otros actores de la
sociedad civil.
Finalmente vale la pena destacar que un tema de gran relevancia
para la sociedad civil es el de la transformación enfocado en las zonas rurales.
De hecho, el tema de la transformación del sector agropecuario y su papel en la
provisión de servicios ambientales, lo levanta solamente la sociedad civil. En
contraste, los gobiernos centroamericanos quedan solitarios en empujar los temas
de comercio e inversión. Y mientras que supuestamente todos los países llevaron
a Estocolmo planes de reconstrucción y transformación concertados con otros
sectores (a menor y mayor nivel), los distintos enfoques sobre los temas arriba
mencionados reflejan en definitiva distintas perspectivas sobre el desarrollo.
En ese sentido, existe el riesgo de que estas diferencias en
visión resulten en conflictos a la hora de implementar proyectos específicos. No
obstante, no debe subestimarse el hecho de que está emergiendo una agenda común
de temas clave para la transformación. Las prioridades y las visiones pueden ser
distintas, pero la existencia de una agenda común es un primer paso para generar
consensos básicos sobre temas fundamentales para la transformación y el
desarrollo sostenible de
Centroamérica.
Notas
1 Las reuniones de Grupos Consultivos son un
mecanismo que utiliza la comunidad internacional para conocer los planes de
algún país, y menos frecuentemente para el caso de un grupo de países, de cara a
definir los posibles montos y destino de asistencia. En el caso de América
Latina, usualmente el BM o el BID hacen la convocatoria.
2 El Grupo Consultivo para la Reconstrucción y
Transformación de América Central conformado como respuesta al huracán Mitch,
tuvo su primera reunión en Washington D.C. en diciembre de 1998. La segunda
reunión se realizó en mayo de 1999 en Estocolmo. Se programó una tercera para el
año 2000 en Madrid, donde se tenía previsto abordar prioritariamente los temas
regionales.
3 Algunas instancias, entre ellas algunas de las
oficinas del PMA y FAO y varias ONGs, promovieron la necesidad de cautela en los
programas de donaciones alimentarias para evitar daños adicionales al mercado
local y la dependencia de la ayuda alimentaria. “Se aconseja cierta
precaución, ya que distribuciones masivas en la temporada de la siembra también
podrían causar un efecto desincentivador para los campesinos” (VOICE,
1999).
4 En El Salvador, por ejemplo, se estableció el
género como temática de una de las mesas técnicas organizadas por el PNUD para
la formulación del plan nacional de reconstrucción. A nivel local, en el Bajo
Lempa una de las zonas más afectadas por la tormenta tropical Mitch -, la
Asociación de Mujeres Rurales “Olga Estela Moreno” fortaleció su
organización a raíz de su participación en la respuesta frente al desastre.
5 Las dos nuevas propuestas de cooperación técnica
del BID a nivel regional son la de “Recuperación de Microempresas
Centroamericanas”, por un monto de US$ 12 millones, y la de
“Prevención de Desastres en América Central”.
6 El fortalecimiento de las oportunidades económicas
de las mujeres rurales incluye el “Programa de empleo mínimo” y el
“Programa para aumentar la productividad y el ingreso de la mujer
rural”. Este segundo programa retoma la propuesta de la 7ª.
Conferencia de Esposas de Jefes de Estado y Gobierno de las Américas en octubre
de 1997, que incluía crédito, asistencia técnica y cabildeo entre sus
componentes. La primera fase de este Programa, por un monto de US$ 10 millones,
será orientada a mujeres afectadas por el huracán.
7 El “Programa de Apoyo al Liderazgo y la
Representación de la Mujer” (PROLID) ofrece capacitación y recursos no
reembolsables a organizaciones que apoyan la participación activa y el liderazgo
de las mujeres en las actividades cívicas y políticas de sus países. La primera
fase de este Programa ya financió 40 proyectos en América Latina y se propone
que la segunda fase sea destinada a mujeres en los países afectados por el
Mitch.
8 Las cuencas compartidas son de particular
importancia y preocupación para El Salvador debido a que tres de las diez
cuencas del país son cuencas compartidas (las cuencas de los ríos Lempa, Paz y
Goascorán). La cuenca trinacional del río Lempa tiene una superficie de más de
18,000 km², de los cuales sólo el 56% están en territorio salvadoreño. Lo
que ocurre en el 44% restante, que corresponde a Honduras en un 30% y a
Guatemala en un 14%, juega un papel clave en el comportamiento hidrológico de la
cuenca, especialmente en lo relativo a fenómenos de sequía e inundación que
afectan la zona del Bajo Lempa, como evidenció Mitch.
9 Actualmente hay una muy preocupante dinámica de
deforestación en la región. De acuerdo con la Comisión Centroamericana para el
Ambiente y Desarrollo (CCAD), queda solamente el 10% de la cobertura forestal
original en la región, y más del 80% de la misma se considera amenazada (Uribe
et al., 1999).
10 El enfoque estrictamente ecológico, basado en el
establecimiento de leyes y regulaciones que prohíben cualquier tipo de
aprovechamiento, no sólo ha resultado ineficaz, sino que ha traído conflictos
sociales al no tomar en cuenta a las comunidades aledañas en la gestión de las
áreas protegidas. Por ello, en varias propuestas de la sociedad civil,
particularmente en sus expresiones locales, se puede notar una orientación hacia
la forestería/agroforestería comunitaria, basada en un reconocimiento de los
bosques como una parte integral de los medios de vida de las comunidades. Esta
propuesta involucra a las comunidades aledañas en la gestión de los bosques y
coloca el tema del medio ambiente en función de las necesidades de la población
rural.
11 Esta iniciativa tiene importantes implicaciones
para Nicaragua, donde según un funcionario del gobierno, las ONGs captan cerca
del 20% de la cooperación internacional y, aproximadamente, la mitad de la ayuda
Post-Mitch (Marenco E., 1999).
12 Para una revisión crítica de este proceso y sus
resultados ver PRISMA Boletín 37.
13 El gobierno argumentaba que la participación de la
sociedad civil estaba garantizada con la instalación de un Consejo Consultivo
para los sectores de ambiente, producción, social, ayuda y financiamiento,
infraestructura y sociedad civil, como parte de la Comisión Presidencial para la
Reconstrucción y Transformación de Nicaragua.
14 En la Declaración de Organizaciones de la Sociedad
Civil Guatemalteca se señala que “en diversas ocasiones hemos planteado
temas relacionados con la efectiva y eficaz participación de la ciudadanía en
ámbitos de toma de decisiones a toda escala, tanto desde el diseño de la
política macroeconómica, descentralización y fortalecimiento del poder
local” (Declaración de Organizaciones de la Sociedad Civil Guatemalteca
ante la Reunión de Grupo Consultivo, 1999).
15 Después de Mitch, los Estados Unidos otorgaron una
prórroga de deportaciones por un período de 18 meses para los hondureños y
nicaragüenses, y por 3 meses para los salvadoreños y guatemaltecos. En ese
momento, los gobiernos de El Salvador y Guatemala tenían la expectativa de que
Estados Unidos iba a extender la suspensión de las deportaciones, pero no
ocurrió así.
16 Demostrar una situación de sufrimiento extremo es
uno de los tres requisitos a cumplir para recibir la residencia. Los dos
restantes son: haber ingresado a los EEUU antes del 19 de septiembre de 1990 y
estar registrado en el programa de ABC (referido al caso de la American
Baptist Church vs. SIN).
17 Los siete temas abordados en la cumbre fueron:
reconstrucción, comercio, inversión, deuda externa, desarrollo sostenible,
migración y narcotráfico.
18 Como se nota en el reporte de Oxfam America,
“El Comité de Emergencia Nacional, dirigido por el vicepresidente de
Nicaragua, Enrique Bolaños Geyer, eligió no declarar el estado de emergencia.
Únicamente cuando fue presionado por los sectores populares y tentado por
recursos frescos a través de donaciones internacionales, el gobierno
Nicaragüense públicamente reconoció los daños masivos y las pérdidas ocasionadas
a los sectores marginales de la sociedad” (Barraclough y Moss, 1999,
traducción libre).
19 Entre las organizaciones que integran este Foro
están: Upanacional de Costa Rica, Fenacoop de Nicaragua, el Foro Agropecuario de
El Salvador, la Federación Sindical Campesina y la Unión del Pueblo Maya en
Guatemala.
20 EURODAD (European Network on Debt and
Development), por ejemplo, plantea: a) una Moratoria por parte del Club de París
hasta febrero del 2001 que difiera el pago de la deuda a menos de dos años,
después de la cual los 100 millones de dólares más intereses deberán pagarse
nuevamente; b) la entrada más temprana de Nicaragua a la Iniciativa de Países
Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés) y la posible elegibilidad
de Honduras, pues ambos países no tienen divisas ni recursos domésticos para
pagar cualquier deuda; c) el perdón de la deuda de Honduras y Nicaragua para
liberar los recursos necesarios para reconstruir sus dañadas economías, puesto
que se estima que ambos países enfrentarán un período de recuperación de 30
años; d) no solamente la “deuda por ayuda” debe ser perdonada, como
una práctica estándar desde 1978 (Resolución de Unctad), sino también la deuda
multilateral y bilateral de América Latina que constituye el crédito “más
caro” para la exportación , para que cualquier recurso adicional obtenido
por esta vía sea invertido en la reconstrucción nacional y el desarrollo de
estos países.
21 Más específicamente se pueden identificar los
siguientes actores: la sociedad civil (tanto las comunidades directa y no
directamente afectadas, las asociacione gremiales, como las organizaciones no
gubernamentales existentes a nivel local, nacional, regional e internacional);
los propios gobiernos de América Central (desde los niveles ejecutivos hasta los
gobiernos municipales); las instancias estatales regionales e internacionales
(como SICA y el PNUD); varios sectores privados (asociaciones nacionales
industriales y empresariales); las instituciones financieras bilaterales y
multilaterales; y los países industrializados (EEUU, países Nórdicos, etc.)
22 Entre los mecanismos de seguimiento del Grupo
Consultivo se ha establecido una comisión para monitorear la instrumentación de
los planes de reconstrucción de Nicaragua y Honduras. Para El Salvador y
Guatemala no se establecieron mecanismos de seguimiento, aunque en el caso de El
Salvador, el PNUD está interesado en facilitar la constitución de un mecanismo
para tal fin.
23 En materia de descentralización y fortalecimiento
municipal se están produciendo nuevos arreglos institucionales, que incluyen: a)
la aprobación de códigos y leyes municipales, b) la ampliación del monto del
presupuesto para los municipios (10% en Guatemala, 6% en El Salvador y 5% en
Honduras), c) la creación de instituciones de apoyo técnico (FISDL e ISDEM en El
Salvador, INFOM en Guatemala e INIFOM en Nicaragua), y d) la conformación de
asociaciones gremiales de alcaldes (COMURES en El Salvador, AMUNIC en Nicaragua,
AMOHON en Honduras y FEMICA a nivel regional). A pesar de las dificultades,
estos arreglos institucionales han fortalecido el liderazgo de los alcaldes
aumentando su capacidad de interlocución frente al gobierno central, han abierto
brecha en torno al trabajo pluripartidista desde el ámbito municipal y han
permitido crear estrategias de autonomía municipal que faciliten la canalización
de proyectos de cooperación internacional de forma más directa y fluida.
24 Para un tratamiento más detallado del papel de la
sociedad civil en el período Post-Mitch, en el caso de El Salvador, véase Gómez
y Umaña (1999) en Boletín PRISMA
#37.
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