El agua, considerada por todos como elemento básico para la vida, puede terminar siendo una de las principales limitaciones y preocupaciones después de un desastre. La disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente es crítica en las etapas inmediatas a la ocurrencia de un evento adverso para brindar atención a los enfermos, el consumo humano y el mantenimiento de las condiciones mínimas de higiene, apoyo a las labores de búsqueda y rescate, y la reactivación de las actividades productivas y comerciales.

Este elemento vital es un derecho humano básico que supone una responsabilidad que va más allá de la protección a las inversiones y es sobre todo una responsabilidad de salud pública y ética.

El escenario global actual, marcado por condiciones de inequidad, pobreza extrema, degradación ambiental y el cambio climático, ha propiciado el aumento del riesgo frente a amenazas naturales como deslizamientos, lluvias intensas, huracanes, sequías, incendios y terremotos. Asimismo, el crecimiento urbano acelerado y no planificado se traduce en un aumento de los asentamientos en terrenos inestables o inundables y de muy alto riesgo donde los fenómenos naturales tienen consecuencias devastadoras. Todos estos factores socioeconómicos incrementan la vulnerabilidad de las comunidades y también de la infraestructura y los servicios básicos.

Cada año, más de 200 millones de personas son afectadas por sequías, inundaciones, tormentas tropicales, terremotos, incendios forestales y otras amenazas. Los últimos años nos han demostrado que las amenazas naturales pueden afectar a cualquiera y en cualquier lugar. Desde el tsunami en el Océano Índico al terremoto en el sur de Asia, desde la devastación causada por los huracanes y ciclones en los Estados Unidos, el Caribe y el Pacífico, a las intensas lluvias a lo largo de Europa y Asia, cientos de miles de personas han perdido sus vidas y millones sus medios de trabajo, a causa de desastres desencadenados por amenazas naturales. El impacto de eventos de magnitudes catastróficas sobre la economía y el desarrollo ha sido evidente, en particular para los países en desarrollo. En especial sobre los sistemas de agua y saneamiento, dicho impacto ha ocasionado, solo en América Latina y el Caribe, daños por casi 650 millones de dólares en el período entre 1994 y 2003.

En un entorno donde las amenazas naturales se encuentran presentes, las acciones locales son decisivas en todas las etapas de la gestión del riesgo: en las labores de prevención y mitigación, en la posterior rehabilitación y reconstrucción, y sobre todo en la respuesta ante la emergencia y la provisión de servicios básicos a las personas afectadas. Una actitud comprometida con la reducción sistemática de la vulnerabilidad es clave para asegurar la resiliencia de las comunidades y poblaciones al impacto de las amenazas naturales.

Los desafíos actuales para el sector de agua y saneamiento en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las metas globales están relacionados con el incremento y el acceso sostenible de los servicios de agua y saneamiento en las áreas urbano marginales y las zonas rurales, las cuales se caracterizan por tener un alto riesgo frente a los fenómenos naturales. La ubicación en terrenos inestables, la creciente degradación ambiental y las condiciones de pobreza extrema incrementan su vulnerabilidad. En este contexto, el de

Introducción sarrollo de las capacidades locales y la gestión del riesgo juegan un papel vital para alcanzar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento, así como de las mismas comunidades. Caso contrario, se corre el peligro de concebir y construir servicios insostenibles y destinados al deterioro progresivo; poniendo en riesgo a la propia comunidad por su mal funcionamiento o el daño en su infraestructura, durante situaciones de desastre.

La multiplicidad de actores en el sector de agua y saneamiento (rector, regulador, prestador, usuarios, etc.) hace más compleja la definición y el establecimiento de funciones, responsabilidades y atribuciones. Esta diversidad de actores también ha redundado en una falta de claridad de quién hace qué en acciones específicas de prevención, preparativos, mitigación y respuesta frente a desastres; donde cada una de las acciones y actores se sumen a un objetivo común: asegurar que los niveles de los servicios de agua y saneamiento, establecidos con las autoridades locales y la población, sean accesibles aún en situaciones de desastre.

La reducción de las vulnerabilidades supone un trabajo multidisciplinario y en red con otros actores en la gestión del riesgo, como ministerios públicos (en particular aquellos con responsabilidades en obras y servicios públicos, planificación y ordenamiento territorial, salud, educación y finanzas, entre otros), agencias de manejo de desastres, ONG's, sector privado, y sector académico (universidades, asociaciones de profesionales, centros de investigación), para coadyuvar al desarrollo e intercambio del conocimiento en materia de protección de sistemas de agua y saneamiento contra amenazas naturales.

Por otro lado, la resiliencia de los sistemas ante la ocurrencia de desastres naturales es un paso importante para asegurar que los logros alcanzados en el incremento del acceso a los servicios de agua y saneamiento se consoliden en el largo plazo y de este modo cumplir con la meta de reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible a agua potable y saneamiento básico. En ese sentido, las actividades locales de gestión del riesgo se posicionan como una herramienta para el cumplimiento de los retos globales de proveer de servicios de agua y saneamiento para todos y en todo momento.

En enero del 2005, en Kobe-Japón, 168 gobiernos se comprometieron a tomar acciones para reducir el riesgo de desastres. En esta reunión adoptaron un plan para 10 años, llamado Marco de Acción de Hyogo, con el objetivo de reducir las vulnerabilidades a las amenazas naturales. La inclusión de criterios de reducción de la vulnerabilidad frente al impacto de amenazas naturales en el sector de agua y saneamiento es una actividad prioritaria para avanzar en los objetivos de este plan global. Es más, los servicios de agua y saneamiento ameritan ser considerados como infraestructura crítica, y por ende, como una prioridad para los esfuerzos de reducción del riesgo de desastres, como ya lo son las escuelas y los hospitales. El saldo en pérdidas humanas, económicas y ambientales que ha dejado la secuela de desastres en el 2005, no hace sino reforzar el concepto que la reducción de desastres debe ser una parte integral del desarrollo sostenible, y por ende factor clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El sector de agua y saneamiento no puede estar ajeno a este desafío.

Incremento del número de desastres y su impacto (1995 2005)

Fuente: World disasters Report. Focus on information in disasters (IFRC, 2005)
En base a datos de "EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster database".
www.em-dat.net - Université Catholique de Louvain - Bruselas, Bélgica, 2006