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In continuación se publica un extracto de un artículo preparado en abril del presente por el Departamento de Programas sobre el Ambiente del Ministerio de Salud de Chile.
Introducción
Por las características geológicas de su suelo, Chile es un país sometido de manera constante a movimientos sísmicos de mayor o menor intensidad, a inundaciones, sequías, erupciones volcánicas, incendios forestales, heladas, etc. La experiencia de los tres últimos grandes sismos (1939, 1960 y 1965) nos ha dejado grandes enseñanzas. Entre las observaciones negativas más importantes deben señalarse las siguientes: ausencia de planificación y organización de las acciones de ayuda; falta de una sola autoridad con el poder de decisión asesorada por representantes multisectoriales y multiprofesionales; falta de planes de coordinación, cuando se produce un gran número de traumatizados, para trasladar a los enfermos a otros centros hospitalarios; no se previó que podría lamentarse la presencia de gran número de víctimas fatales que es necesario sepultar rápidamente; falta de información adecuada y oportuna de la localidad afectada (epicentro, magnitud del desastre y tipo de daño producido en cuanto a morbilidad y mortalidad); falta de información respecto al daño causado a la infraestructura que debe atender a los problemas de salud ambiental; deterioro de la atención normal de la morbilidad que sigue produciéndose por falla del equipo de Salud y de los medios materiales, y, estado deficitario mayor o menor del cumplimiento de los programas de inmunizaciones, lo que representa un riesgo de brotes epidémicos.
Proposiciones y Aportes del Sector Salud Derivados de su Experiencia Frente a Catástrofes
Las autoridades locales de salud pueden aportar la recopilación estadística recogida en el desarrollo de sus programas de salud curativos y preventivos, dar cuenta de sus planes de acción y de la dotación de sus recursos humanos y materiales disponibles. Además está en condiciones de contribuir con otros datos y proposiciones de acción mancomunada. Entre todas ellas cabe mencionar.
- Informar del estado y tendencia previa del saneamiento ambiental de la localidad o localidades afectadas, (grado de alteración en calidad y cantidad de los servicios de agua, excretas, residuos sólidos y líquidos, alimentos, habitación y medio laboral);- dar cuenta del estado inmunitario previo, según sector urbano o rural, grupos de edad, nivel socioeconómico y cultural, hacinamiento, migración de población, etc.;
- tener presente las condiciones geográficas y climáticas, según estación del año y su relación con la patología infecto-contagiosa prevalente;
- establecer la necesidad de reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica, con el objeto de obtener una notificación correcta y oportuna de las enfermedades de mayor riesgo epidemiológico, (además de los riesgos autóctonos deberá incluir las enfermedades que pueden ser transmitidas desde el exterior y que por las eventuales condiciones ambientales precarias pueden difundirse, etc.
Personal de la Unidad de Emergencia
Médica examina suministros preenvasados de socorro. Los equipos de socorro
pueden llegar en ocho horas como máximo a cualquier zona del país donde se
produzca una catástrofe.
Consideraciones Finales
Se puede manifestar que, en general no ha habido un deterioro significativo de la salud de la población chilena en caso de desastres. La organización misma del Sistema Nacional de Salud, la erradicación en el pasado de numerosas enfermedades y el control mediante inmunizaciones de otras trasmisibles, han contribuido a ello. Debe también enfatizarse al respecto la importancia que han representado los programas sobre el ambiente.
Considerando racionalmente cualquiera eventualidad en el futuro, deben tenerse en cuenta en un sentido amplio, otros factores que en esencia son los únicos que pueden disminuir efectivamente o evitar significativamente los efectos que para la salud puede causar una catástrofe:
- Elevación del nivel de vida, esencialmente en las áreas marginales y en las de extrema pobreza;- regionalización y comunicación expedita desde los niveles primarios hasta los más complejos de los servicios de salud, de educación, de obras públicas, de transportes, de vivienda, etc.;
- diagnóstico y tratamiento de los puntos débiles de nuestra infraestructura en general, algunos ya en situación precaria y que, con grave daño para otras actividades y las de salud, pueden colapsar en caso de catástrofe (fuentes de agua potable, alcantarillado, hospitales, consultorios externos, caminos, puentes, puertos, disposición de residuos líquidos de industrias y de minas, etc.);
- desarrollo y fiscalización de una eficaz legislación e implementación de medidas de seguridad en edificios de altura y contraincendios;
- plan para encarar multisectorialmente los riesgos de una catástrofe, que debe formar parte importante del Plan Nacional de Desarrollo Socioeconómico del país;
- mejorar la red de vigilancia de catástrofes nacionales;
- coordinación con otros programas y oficinas nacionales y con las agencias internacionales de socorro.
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